La Auditoría General de la República detectó un incremento en la contratación previa a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y aumento en la contratación directa en época electoral.

El Observatorio de Política Pública de Control Fiscal de la entidad analizó más de 5,5 millones de contratos territoriales suscritos entre noviembre del 2021 y enero del 2026, periodo que coincide con elecciones legislativas, presidenciales y locales. El estudio se basó en información reportada por las contralorías territoriales al Sistema Integral de Auditoría (SIA), módulo OBSERVA.

Los resultados muestran un aumento significativo en el volumen y valor de la contratación pública durante el mes previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, especialmente en los procesos electorales del 2022 y 2026. En enero del 2022 se firmaron cerca de 350 mil contratos directos, cifra que cayó abruptamente una vez comenzaron a aplicarse las restricciones legales.

Un comportamiento similar se evidenció en 2026, cuando se suscribieron más de 262 mil contratos directos antes de la restricción, número que descendió a 560 contratos tras la entrada en vigencia de la ley.

Aunque al comparar ambos periodos se observa una reducción cercana al 25 % en la contratación directa previa a la norma, la Auditoría advierte que las causas pueden estar relacionadas tanto con cambios en las modalidades contractuales como con reportes extemporáneos.

El boletín también destaca un incremento atípico de la contratación interadministrativa antes de las elecciones de alcaldes y gobernadores en 2023, con casi 6.900 contratos bajo esta modalidad, una cifra que triplica el volumen usual registrado fuera de periodos electorales.

En términos de valor, la contratación pública territorial alcanzó 12 billones de pesos en enero de 2022 y 7 billones de pesos en enero del 2026, superando los montos registrados en años no electorales. Además, el análisis revela una concentración del gasto en sectores como fortalecimiento institucional y gestión pública, lo que, según la Auditoría, no necesariamente corresponde a gasto social prioritario.

Finalmente, aunque durante las fechas de restricción se reportan contratos amparados en excepciones legales —como salud, infraestructura o atención de emergencias—, el organismo de control advierte la necesidad de revisiones más profundas para identificar eventuales riesgos de incumplimiento normativo.

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