El Protocolo a la convención americana sobre derechos humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, adoptado en junio de 1990 por la Organización de Estados Americanos (OEA), acaba de ser incorporado a la legislación colombiana, mediante la Ley 1410. De esta forma, el país ratifica su decisión de proscribir del ordenamiento jurídico la pena capital, prohibida desde 1910. El año pasado, al presentar el proyecto de ley al Congreso, el Gobierno reportó la adhesión al protocolo de los siguientes países: Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Una vez la Corte Constitucional lo avale, el Gobierno depositará ante la Secretaría General de la OEA el correspondiente instrumento de adhesión, fecha a partir de la cual entrará en vigor para Colombia.