Las otras iniciativas anticorrupción de Cambio Radical y del Centro Democrático

El presidente Iván Duque radicó esta semana ocho proyectos de ley producto de la mesa técnica de lucha contra la corrupción, que se complementan con las cinco iniciativas puestas a consideración del Legislativo el 8 y el 28 de agosto.

Cuatro iniciativas fueron presentadas en el Senado y las otras cuatro en la Cámara de Representantes; es de precisar que dentro del nuevo paquete de proyectos se contempla una reforma constitucional, la cual hace referencia a fijar un tope para el salario de los congresistas y servidores públicos del Estado. En este enlace puede identificar cada uno de los proyectos y sus puntos centrales.

Ha sido tan importante este tema en la agenda legislativa actual que recientemente se presentaron dos proyectos más, los cuales, si bien tocan varios puntos ya presentados, ofrecen más mecanismos anticorrupción. (Lea: Conozca los alcances de la iniciativa anticorrupción que pide responsabilidad penal de las personas jurídicas)

Así pues, el proyecto de ley del Centro Democrático, de 14 artículos, se centra en cuatro ejes para la lucha efectiva contra la corrupción:

1. Rendición de cuentas.
   
    
2. Mayor transparencia en la contratación pública.
   
    
3. Mecanismo de delación para las denuncias de corrupción.
   
    
4. Sanción social para la corrupción.

Se pretende fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y control de la gestión pública, a través de:

1. Una exigencia rigurosa de registro de las actividades desempeñadas por los servidores públicos.
   
    
2. Una prohibición expresa a los servidores públicos de aceptar beneficios de cualquier índole por un tercero.
   
    
3. Un mayor seguimiento de los entes de control en los departamentos.
   
    
4. Endurecer prohibiciones y sanciones para que exservidores públicos gestionen interese privados.
   
    
5. Exigir que los recursos para pagar compromisos del Estado se paguen dentro de los cinco días siguientes a la recepción del recurso.
   
    
6. Sanciones sociales como aparición en “Muros de la Corrupción”, trabajo social, inhabilidad para ser docente.
   
    
7. Prioridad de investigación a la corrupción en los entes de control.
   
    
8. Necesidad de aprobación en consejo de ministros a adiciones superiores al 10 % en contratos de obra pública.
   
    
9. Ampliar la inhabilidad de ser servidor público a aquellas personas, funcionarias o no, condenadas por delitos relacionados con corrupción, afecten o no el patrimonio del Estado.
   
    
10. Prohibir el otorgamiento de subrogados y beneficios penales a los condenados por corrupción. Además, se establece que la prescripción operará en los delitos relacionados con corrupción.

Ahora bien, otra iniciativa, de 22 artículos, presentada por la bancada de Cambio Radical, relaciona un paquete de medidas adicional para atacar este flagelo:

1. Medidas para la detección y la recuperación de patrimonios ilegales.
   
    
2. Medidas para favorecer la transparencia y la eficacia en la contratación pública.
   
    
3. Medidas para favorecer la transparencia en la administración pública.
   
    
4. Medidas para prevenir y sancionar los delitos cometidos por las personas jurídicas.

Así mismo, propone, puntualmente, las siguientes propuestas:

1. Fortalecimiento y aprovechamiento de las declaraciones de bienes y rentas.
   
    
2. Inclusión en las declaraciones de todos los bienes adquiridos en los últimos cinco años.
   
    
3. Envío de todas las declaraciones a la Contraloría General de la República para que verifique su veracidad y cuente con una base de datos que pueda usar en el futuro.
   
    
4. Fortalecimiento del proceso de extinción del dominio.
   
    
5. Exigir que con la presentación del escrito de acusación por delitos contra la administración pública se inicie el trámite de extinción del dominio.
   
    
6. Exigir que las entidades afectadas se hagan parte en el proceso.
   
    
7. Darle competencia a los juzgados penales del circuito para conocer de los procesos de extinción del dominio para solucionar la grave crisis de congestión.
   
    
8. Limitación de la contratación directa al 10 % del presupuesto anual de la entidad pública.
   
    
9. Obligación de colocar toda la información contractual directamente en las páginas web de las entidades.
   
    
10. Fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
    
     
11. Calificación del desempeño de los servidores públicos por los ciudadanos.
    
     
12. Obligación del Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de hacer un seguimiento de todos los informes de control interno de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
    
     
13. Aumento de la pena del delito de utilización indebida de información privilegiada.
    
     
14. Sistematización de todas las quejas y reclamos a nivel nacional.
    
     
15. Aplicación del testaferrato a todos los delitos.
    
     
16. Establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
    
     
17. Establecimiento de requisitos específicos a las medidas de prevención del delito.
    
     
18. Reforma de la acción de repetición.