Así avanza la agenda legislativa del Gobierno

Tras la aprobación del plan nacional de desarrollo 2018 – 2022, prioridad del Gobierno en este segundo periodo de sesiones del Congreso, hay otros temas que concentran los esfuerzos del Ejecutivo, la mayoría son propuestas de reforma a la Constitución Política. (Lea: Esta es la agenda legislativa de Gobierno)

 

Pero vale iniciar diciendo que la reforma política no terminará su trámite, pues la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le retiró el apoyo por quedar “a mitad de camino, porque se aprobó el informe con el que termina la ponencia, pero había que votar en el articulado dos figuras importantísimas: la lista cerrada para acabar con la ‘corruptela’ en la política y la participación del 50% de las mujeres en política”. (Lea: Así quedó la reforma política luego de superar la primera vuelta)

 

Por otra parte, el proyecto anticorrupción que buscaba levantar la reserva de la declaración de renta de todos los servidores públicos se hundió en la Cámara de Representantes; sin embargo, en el Legislativo hay otra propuesta viva en el mismo sentido, sin que medie orden de algún órgano de control para acceder a tal información.

 

Reforma a la justicia de Cambio Radical

 

Fue aprobado, en primer debate, el proyecto de acto legislativo de reforma a la administración de justicia, promovido por los partidos Cambio Radical, Liberal y de La U; pero además por la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, que avaló algunas propuestas.

 

La funcionaria señaló que aunque la iniciativa contiene temas relevantes que serán acompañados por el Gobierno, excluye otros que considera fundamentales para considerarla integral, como el gobierno y administración de la Rama Judicial.

 

Borrero destacó como el asunto de mayor controversia el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a notarios y abogados particulares. “El camino es la desjudicialización, incluido en el proyecto, y el fortalecimiento de la Rama Judicial, pero sin otorgarles las funciones mencionadas, debido a las falencias ellos pueden tener”, puntualizó.

 

De igual manera, agregó que el próximo 20 de julio someterá a juicio del Legislativo, con el apoyo de las altas cortes, un paquete con otras reformas constitucionales y legales, que incluirán temas como el de los aforados y el órgano de gobierno y administración de la rama.

 

Conexidad y delito político

 

Ayer, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, con 107 votos, el proyecto de acto legislativo que adicionaría dos artículos a la Constitución Política para que ni el delito del secuestro, ni los relacionados con fabricación, tráfico o porte de estupefacientes sean considerados delitos políticos o conductas conexas.

El Gobierno cree que la reforma, que llega a su sexto debate en el Senado, mantendrá la naturaleza jurídica del delito político y su excepcionalidad y permitirá cumplir las obligaciones internacionales de Colombia.

 

Delitos sexuales contra menores, a la justicia ordinaria

 

La Comisión Primera del Senado aprobó, en primer debate, el proyecto de acto legislativo 038/19S, que complementa el artículo 44 de la Constitución. La iniciativa busca evitar el uso de menores en la guerra, pues la conducta no sería objeto de tratamientos especiales en eventuales acuerdos de paz.

 

Por solicitud de los senadores, las disposiciones del inciso tercero del artículo 44 de la Constitución en ningún caso afectarán acuerdos de paz que se hayan firmado con anterioridad.

 

Con el acto legislativo, una vez se apruebe, se incluiría el siguiente aparte en el artículo mencionado:

 

“Los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes estarán sometidos únicamente a las sanciones establecidas en el régimen penal ordinario y serán investigados y juzgados conforme las normas definidas en el Código de Procedimiento Penal”.

 

El segundo debate se adelantará en la plenaria del Senado de la República.

 

Depuración normativa

 

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se aprobó el proyecto de depuración normativa, que eliminaría miles de normas y declararía la pérdida de vigencia de un grupo de leyes y decretos con fuerza de ley que en la actualidad no tienen aplicabilidad.

 

10.667 normas saldrán del ordenamiento jurídico para terminar con la inseguridad jurídica y simplificar el ordenamiento. Será la Plenaria de la Cámara de Representantes la que decida la suerte de esta propuesta, que se votará en último debate.