Francisco Muñoz
Asociado sénior de Banca y Finanzas de Baker McKenzie

En los últimos años, los criptoactivos han dejado de ser una novedad para convertirse en un componente relevante del ecosistema financiero global. Estos activos digitales han generado tanto entusiasmo como debate entre reguladores, inversionistas, emisores, plataformas de negociación, entidades financieras, entre otros actores. Dentro de sus múltiples especies, destacan las stablecoins o monedas estables.

En Colombia, el tratamiento normativo de los criptoactivos aún se encuentra en desarrollo. Si bien entidades como la Superintendencia de Sociedades y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) han emitido disposiciones orientadas a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, el país carece de una regulación integral que defina con claridad el rol de los distintos actores del mercado.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y el Banco de la República han sido enfáticos en señalar que los criptoactivos no constituyen moneda legal, divisa ni valores, y que las entidades vigiladas no están autorizadas para realizar o prestar su infraestructura para que se realicen transacciones con ellos.

No obstante, entre 2020 y 2024, es importante resaltar que la SFC lideró un espacio controlado de pruebas que permitió la interacción entre plataformas de criptoactivos y entidades financieras, lo que evidencia una apertura prudente al diálogo regulatorio.

Por su parte, la Dian ha comenzado a delinear el tratamiento tributario de los criptoactivos, incluyendo aspectos como el impuesto de renta y la presencia económica significativa. De hecho, en la propuesta de texto de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional el pasado 1º de septiembre, se establecen reglas para aspectos como los mencionados anteriormente respecto a transacciones y servicios con activos digitales.

El proyecto de ley en curso: ¿una oportunidad?

Actualmente, en el Congreso de la República cursa un proyecto de ley que busca regular a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), incluyendo actividades como la custodia y negociación de criptoactivos, entre otras.

Si bien este proyecto representa un avance, podría convertirse en una oportunidad desaprovechada para ampliar el alcance y capacidad de participación de las entidades financieras, pues el proyecto limita su actuación a la prestación de su infraestructura, por ejemplo, con el uso de cuentas bancarias para los PSAV.

En un país con un sistema financiero sólido, resulta pertinente considerar una participación más activa y relevante de las entidades financieras en el ecosistema cripto. Tal como ya ocurre en otras jurisdicciones, estas entidades están en capacidad para aportar seguridad, profesionalismo y dinamismo al mercado. Se trata de una oportunidad valiosa para seguir desarrollando un entorno regulatorio de vanguardia y fortalecer aún más el sistema financiero, ahora integrando nuevos esquemas transaccionales basado en criptoactivos.

Lecciones del contexto internacional

Europa ha dado un gran paso con la entrada en vigor del reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), que permite, por ejemplo, a entidades de crédito y depósitos centralizados de valores ofrecer servicios como la custodia y negociación de criptoactivos, bajo reglas claras de protección al consumidor.

El Comité de Basilea también ha emitido directrices sobre la exposición de los bancos a criptoactivos, estableciendo parámetros de riesgo que permiten una participación responsable, adquiriendo ese tipo de activos.

Finalmente, en EE UU, se aprobó recientemente el Genius Act que, entre otros aspectos, autoriza a ciertas entidades bancarias la emisión de stablecoins para pagos, consolidando un enfoque pragmático que apuesta por la innovación en lugar de frenarla.

¿Y Colombia?

La coyuntura actual ofrece una oportunidad única para que el país avance hacia una regulación más inclusiva y estratégica. Otorgar un papel más activo y relevante a las entidades financieras y del mercado de valores permitirá fortalecer el ecosistema de criptoactivos, alineándolo con estándares internacionales y potenciando su desarrollo bajo condiciones de seguridad y supervisión.

La regulación no debe ser vista como una barrera, sino como una herramienta para integrar diferentes actores. Entre ellos, las entidades financieras y del mercado de valores, quienes pueden desempeñar un papel clave en el desarrollo del ecosistema cripto, aportando la experiencia, el profesionalismo y la confianza que generan en el público. Así lo probó el espacio de prueba liderado por la SFC, donde junto con otros participantes, como las fintech, se evidenció el potencial de colaboración para fortalecer la posición de Colombia como referente regional en innovación financiera.

Por ello, el debate legislativo en curso podría marcar un punto de inflexión para el futuro de los criptoactivos en Colombia, abriendo la puerta a un modelo más robusto, confiable, comprensivo y competitivo. Es una necesidad que no da espera, como se puso sobre la mesa en el reciente Congreso de Latam Fintech Market llevado a cabo en Barranquilla, entre el 11 y 12 de septiembre.

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