El Gobierno nacional modificaría el Decreto 1047/24 para establecer una prohibición total a las exportaciones de hullas térmicas (carbón) hacia Israel. La medida sería adoptada por el Ministerio de Comercio ante el posible agravamiento de la crisis humanitaria en Gaza y las reiteradas advertencias de organismos internacionales sobre presuntas violaciones al derecho internacional humanitario por parte de Israel. Esta decisión eliminaría las excepciones previas para situaciones jurídicas consolidadas, endureciendo así el control sobre un recurso considerado estratégico.

Durante la vigencia parcial del decreto actual, Colombia habría exportado más de un millón de toneladas de carbón a Israel, lo que implicaría una reducción del 39 % frente al periodo anterior. Sin embargo, las autoridades nacionales considerarían que este descenso no habría sido suficiente para impedir que el mineral fuese utilizado, directa o indirectamente, en actividades militares.

Por ello, se impondría una prohibición absoluta a las exportaciones clasificadas bajo la subpartida arancelaria 2701.12.00.10, cuya vigencia se mantendría hasta que Israel cumpla las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia. (Lea: La guerra que transformó a Israel).

La norma propuesta estaría sustentada en los compromisos constitucionales e internacionales de Colombia, especialmente en tratados de derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas y la Convención contra el Genocidio. El carbón sería considerado un insumo de posible uso militar, en particular por su aplicación en generación de energía y producción de acero. En consecuencia, su exportación a Israel podría ser interpretada como contraria al principio de moral pública previsto en el GATT de la OMC, por lo que Colombia justificaría esta decisión como legítima en el contexto de grave tensión internacional.  (Lea: Prohibición de exportaciones a Israel)

De aprobarse el decreto, se suspenderían los actos administrativos que hubiesen autorizado exportaciones bajo las condiciones anteriores y se eliminaría el procedimiento para avalar situaciones jurídicas previas. Todas las entidades públicas competentes tendrían la obligación de garantizar su cumplimiento. (Lea: CIJ exige a Israel detener su operación militar en Rafah)

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