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La oralidad en Colombia: un proyecto fallido

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La oralidad en Colombia: un proyecto fallido

Francisco Bernate Ochoa

Profesor titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario

 

Las reformas legales en Colombia a lo largo de lo que va corrido del siglo XXI se reducen a la permanente búsqueda de la solución al problema de la morosidad en la administración de justicia. En otras palabras, todos los cambios normativos de los últimos años en nuestro país se pueden resumir como una constante búsqueda de la fórmula para agilizar los procesos que se ventilan ante nuestros tribunales.

 

Fue entonces cuando la oralidad emergió como la fórmula mágica para encontrar esta vía expedita en la solución de los conflictos, y una macrorreforma judicial tuvo lugar entre nosotros, cuando en apenas ocho años -entre el 2004 y el 2012- se modificaron todos los códigos de procedimiento, salvo el que rige en asuntos laborales, en los que, por razones que aún no resultan claras, ni mucho menos convincentes, no se aplica el Código General del Proceso, siendo el denominador común en todos estos nuevos estatutos la apuesta por un sistema oral.

 

Tras estas reformas, lejos de haberse superado la problemática, esta se ha acentuado, y como suele suceder, el remedio resultó peor que la enfermedad. Lejos de ver a los abogados caminando por el estrado, con una exquisita oratoria y generosa argumentación, en todos los despachos del país se siguen redactando los memoriales, pero ya no se radican, sino que ahora se leen a viva voz en el juzgado. Peor aún ha resultado el ejercicio de oír las audiencias completas cuando de fallar en primera o en segunda instancia el asunto se trata. Quien visite un despacho judicial en Colombia, encuentra a sus funcionarios o en audiencias interminables y sumamente aburridas, o conectados con unos audífonos a un computador tratando, por una parte, de tomar nota de los aspectos más importantes de las audiencias y, por otra, de vencer el inevitable sueño que el devenir procesal nacional produce. Basta con realizar una pequeña encuesta a los estudiantes de Derecho que circundan los juzgados a los que asisten por indicación de sus profesores para entender la decepción que producen nuestras audiencias, lo tediosas que resultan, y la distancia abismal entre lo que se ve en las series de televisión y lo que realmente sucede.

 

Como en nuestro país todo es de extremos, los códigos de procedimiento incorporan más audiencias de las que se necesitan, por lo que el aplazamiento se ha vuelto la regla general de todas las actuaciones, tornando los trámites en inagotables, la cultura del sello y de la pretendida precisión en cada cosa, ha llevado al absurdo de tener que citar las expresiones que se realizan en las audiencias con minutos y segundos, por lo que funcionarios, abogados y ahora judicantes -cuya práctica profesional se reduce a la labor de digitadores de diligencias- pasan horas y horas conectados a unos auriculares buscando el momento preciso de la audiencia que necesitan para sustentar su pretensión, con hora, minuto y segundo, cuando antes ello era un ejercicio sencillo de apenas instantes buscando lo requerido entre los folios del expediente.

 

Quien recibe ahora un encargo profesional ya no recibe anotaciones, folios, apartes destacados, sino una cantidad interminable de discos compactos, que producen estrés de solo tener que pensar que ocupará horas de su tiempo oyendo cómo todos los intervinientes leen folios y folios, lamentando que sea eso lo que se llame oralidad, y que fuera propuesta como la salvación para agilizar nuestra justicia. Naturalmente, ello sucede cuando efectivamente la audiencia se graba, resulta audible, y puede abrirse en el computador, una verdadera lotería que no siempre sucede, por lo que a todas estas dificultades prácticas han de sumarse las contingencias tecnológicas que no resultan para nada extrañas en nuestra cotidianidad judicial.

 

La oralidad fracasó entre nosotros, no solo por las dificultades tecnológicas de una Rama Judicial que año a año tiene que mendigar por unos recursos que le permitan una mínima subsistencia, sino también por ser una institución ajena a nuestra tradición cultural y jurídica prevalentemente escrita que, gústenos o no, le terminó ganando el pulso. En estos tiempos de propuestas de reforma a la justicia, creemos que es el momento de replantearla, y emprender el camino del retorno a las formas escritas, quizá empleando para ello la tecnología como sucede en el denominado expediente electrónico, o de lo contrario continuaremos naufragando en búsqueda de una justicia ágil y eficiente.

 

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