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Una justicia para élites

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Francisco Bernate Ochoa

Profesor titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario

 

La reforma procesal que se ha llevado a cabo en Colombia durante los últimos 15 años y que supuso la modificación de todos los códigos de procedimiento, salvo el que rige en asuntos laborales, además de producir una justicia lenta, aburrida, ineficiente como lo comentábamos en este mismo espacio, ha generado una estratificación de la justicia, de manera que hoy no rigen los principios de igualdad en el acceso a la administración de justicia, ni mucho menos el de gratuidad. Por el contrario, se ha consolidado entre nosotros la existencia de una justicia para los que tienen con qué costearla, y otra para quienes no.

 

Se ha implementado entre nosotros un modelo procedimental en que las partes deben llevar al juez al conocimiento necesario para tomar la decisión que corresponda dentro del asunto en concreto, acudiendo para ello a sus propios recursos, en tanto que se repugna la posibilidad de que se decreten pruebas de oficio, y más aún que se designen peritos por parte del administrador de justicia. Anteriormente, cada una de las partes presentaba su postura –ahora denominada teoría del caso- y el juez designaba unos expertos para que ilustraran a todo el proceso en aquellos técnicos, científicos o artísticos en los que se requirieran conocimientos especializados. Igualmente, el despacho se encargaba de requerir a los testigos para que concurrieran a la actuación a rendir sus versiones. En el modelo actual, cada parte debe llevar a la audiencia sus propios peritos, y velar porque los testigos comparezcan, asumiendo los costos que todo esto conlleve.

 

El proceso, entonces, se ha vuelto un escenario en el que un ciudadano no solamente debe costear un abogado, con el incremento que para las tarifas profesionales ha supuesto el que los togados deben permanecer en interminables audiencias, sino que también ha de asumir los costos de peritos y de desplazamiento de los testigos, sumado a la carga de lograr la comparecencia de unos y otros. El proceso judicial colombiano de hoy se puede visualizar como un desfile de expertos en cuanto asunto, cada uno más fogueado y experimentado que el otro, todos tratando de convencer al juez de su particular visión sobre el asunto. En últimas, no se trata ahora de quien tiene la verdad, sino de quién dispone de los medios para realizar una mejor puesta en escena delante de jueces y testigos. En estos tiempos de la oralidad procesal lo que importa no es ser, sino parecer, no es tener la razón, sino aparentar que la tiene.

 

Si a esto le sumamos que en asuntos civiles, administrativos y comerciales las partes tienen la posibilidad de someter anticipadamente cualquier controversia que surja entre ellos a un tribunal de arbitramento, quienes tienen los medios para ello prefieren acudir a este mecanismo de justicia expedito, y no al sistema de justicia ordinario que tiene las dificultades y vicisitudes ya conocidas. En sistema judicial tradicional, quedaría entonces para aquellas personas que no cuentan con los recursos para acudir al arbitraje, pero que deben asumir los costos que implica probar su pretensión ante los jueces. No hay nada gratis en nuestra justicia.

 

El acceso al sistema de justicia, la posibilidad real de obtener un fallo favorable a los intereses del ciudadano, e incluso, los tiempos que demore destrabar la controversia, cada día depende más de su capacidad económica, y con ello se están haciendo nulos los principios de gratuidad y de acceso a la justicia, que contempla nuestra Constitución.

 

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