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Pluralismo punitivo: el caso de la comuna 13

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John Zuluaga

LL. M y Doctor en Derecho de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania)

Profesor asociado de la Universidad Sergio Arboleda

www.john-zuluaga.de

 

Los cuestionamientos a la legitimidad del sistema penal en Colombia parecen haberse rezagado a propósito, también, de la banalización del clasismo, el amiguismo y el populismo que desborda nuestro sistema de justicia y muchas de las cosas que al mismo le atañen.

 

En este contexto, resulta altamente relevante la investigación realizada por el profesor Hernando León Londoño Berrío acerca de la convergencia de cotidianidades punitivas que toman cuerpo en espacios sensiblemente marcados por condiciones de exclusión, explotación y discriminación. Precisamente porque revela de manera genuina y precisa la contracara del poder punitivo y su proclividad a la crueldad, la arbitrariedad y el autoritarismo es que “Sistemas punitivos y derechos humanos. El caso de la comuna 13 de Medellín-Colombia” (Universidad de Antioquia, 2016) resulta una obra de ineludible estudio. La misma, entre otras cosas, reaviva el análisis crítico de los discursos y prácticas con las que se justifica la barbaridad del poder punitivo en la persecución de los más desfavorecidos.

 

El trabajo se ocupa del concepto “pluralismo punitivo” y con el mismo se retrata la coexistencia de diferentes sistemas punitivos (el miliciano, el paramilitar y el estatal) en un mismo espacio geopolítico: la Comuna 13 de Medellín (véase mi reseña en CDP 18 (2017), pp. 185-188). La obra no sólo indaga acerca de las comprensiones que los habitantes de la Comuna 13 construyeron sobre la necesidad y racionalidad de las normas y prácticas de cada sistema punitivo, sino, además, describe y polemiza la legitimidad de estos sistemas sobre la base de pautas de interpretación muy concretas: las relaciones sociales comprendidas en su regulación, el tipo de proceso asumido para adjudicar la responsabilidad y definir la pena y el tipo de castigo prescrito e impuesto.

 

Múltiples expresiones punitivas logran ser integralmente estudiadas en dicho trabajo (v.gr. la detención-desaparición como pena, la tortura y los tratos crueles, el sistema penal subterráneo, el sistema penal paralelo, el derecho penal de enemigo y el poder punitivo en disputa) para confirmar que son diferentes procesos sociales – no meramente normativos – los que determinan la definición de una conducta como desviada y las intensidades de la violencia con que se reacciona a las mismas.

 

Esto permite concebir a la Comuna 13 como un sismógrafo de las maneras en que se expresa el ejercicio de la violencia punitiva en Colombia, en tanto enseña, además, cómo la conveniencia de las formas de control social punitivo resulta determinante para la apropiación de la violencia como una práctica durable. Paradójicamente, tal como lo muestra la obra del profesor Londoño Berrío, esto se ha hecho así de la mano de una especial instrumentalización del discurso de los derechos humanos en el afán de justificar los abusos punitivos.

 

Paralelamente, la obra expone de forma fiel los presupuestos de legitimación de las prácticas punitivas estatales en contextos como la Comuna 13. De esta manera, permite entender por qué las mismas son insostenibles y, paradójicamente, promueven su propia deslegitimación. La proclividad al decisionismo y el permanente afán expansionista permiten explicar, a su vez, el desvertebramiento actual de nuestro sistema de justicia penal y probablemente, también, le podrían dar razón a los anuncios de colapso de la justica transicional en Colombia.

 

En un contexto en el cual son los propios actores sociales los que gestionan las formas punitivas de control social, los recursos judiciales (incluso transicionales) son una mera ilusión en el trámite del conflicto armado. En esas condiciones, la justicia transicional se inserta como un dispositivo antecedido y determinado por la continua huida a la violencia como un recurso para mejorar o mantener la posición dentro del campo social.

 

Sin duda, se trata de la obra más importante publicada en Colombia en lo que constituye su objeto de investigación. La misma resalta las bondades del análisis realista y crítico sobre las formas en que se regulan y tramitan los conflictos punitivos en nuestro país. En ésta se pone blanco sobre negro la realidad del sistema de justicia criminal y permite comprender las principales patologías del punitivismo colombiano. Es una obra estimulante para la reflexión crítica sobre las insensibilidades de los discursos y prácticas propias del sistema penal.

 

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