El regreso a la oscuridad por cuenta de la lucha contra la corrupción

Francisco Bernate Ochoa

Profesor titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario

Es frecuente oír a propios y extraños responsabilizar a las garantías penales de todos los males que nos afectan como sociedad. Corolario de lo anterior, cada vez reciben más aplausos quienes pretenden arrasar con estas garantías a manera de fórmula mágica de lucha contra la criminalidad. En un año tan activo en materia electoral en nuestro continente, oímos propuestas como la castración química, la pena de muerte e, incluso, la mutilación corporal para hacerle frente a la delincuencia. 

En este contexto, hemos conocido, gracias a las redes sociales, un proyecto de ley, otro más, que pretende hacerle frente a la corrupción en Colombia, y que resulta verdaderamente tenebroso, por lo que hacemos un llamado a todos los ciudadanos a oponernos férreamente al mismo, para evitar que se convierta en una macabra realidad. 

En este proyecto de ley se establece que la prisión preventiva puede durar hasta dos años, siendo posible que se prorrogue hasta por un año más, es decir, pasamos -aplicando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos- de un máximo de un año prorrogable por otro más como límite de la detención, a un escenario en el que lo normal sea que el ciudadano pueda pasar hasta tres años esperando a que su caso se resuelva. Se modifican sustancialmente los términos para la libertad, llegando al límite máximo de hasta siete años en prisión preventiva, resultantes de 240 días entre la imputación y la acusación, 480 entre la acusación y el inicio del juicio, y 300 hasta que se comunique el fallo. 

El ejercicio legítimo de los recursos pasa a ser entendida como una maniobra dilatoria, y aquellos eventos en los que no sea posible realizar las audiencias por situaciones fortuitas serán ahora cargadas a la defensa. Se dispone, igualmente, que para obtener cualquier tipo de descuento punitivo, es presupuesto reparar a las víctimas. Adicionalmente, la existencia de una imputación o acusación es motivo para separar del cargo a un servidor público que se encuentre vinculado a una investigación penal por hechos de corrupción. 

Quienes avalan este proyecto de ley desconocen que garantías como la legalidad, la libertad o la presunción de inocencia fueron obtenidas mediante sangrientas luchas, y que hoy forman parte de un sistema universal de protección de los derechos humanos que afortunadamente nos salvaguarda a todos los ciudadanos. Plantear una prisión preventiva de hasta siete años no solamente es un escándalo y un absurdo jurídico, es un retroceso inaceptable en materia de reconocimiento de la dignidad humana, por lo que el llamado es a evitar que algo así pueda suceder entre nosotros. No está de más señalar que este dantesco escenario de orgía punitiva fácilmente puede convertirse en una realidad, si tenemos en cuenta que en nuestro medio, la Fiscalía General de la Nación ostenta, y sí que sabe ejercerla, la competencia para judicializar a los jueces que no avalan sus posturas. 

En un sistema normativo en el que los actos de imputación y acusación carecen de cualquier control judicial, la posibilidad de que un servidor público pueda injustamente perder su empleo son reales, otra situación contraria a los mínimos admisibles en una sociedad civilizada. Igualmente, el cuestionar el ejercicio legítimo de la profesión a través de los recursos es una afronta a todos los profesionales del Derecho, y si quiera pensar algo así es ya bastante desafortunado, por decir lo menos. Supeditar la procedencia de beneficios penales a la reparación a la víctima genera dos efectos perversos para el funcionamiento de la justicia penal, pues, por un lado, abre camino al empleo de la justicia como herramienta de venganza a través de la víctima victimizante, y, por otro, imposibilita el que los procesos tengan una salida temprana, congestionando interminablemente la ya colapsada justicia penal. 

Este proyecto de ley debería avergonzar a cualquiera que lo lea, y esperamos provoque la reacción de propios y extraños, pues cuando se decide emprender el camino de la tiranía punitiva hacia estos extremos, propios de la inquisición o del nacional socialismo, el regreso a la normalidad suele ser lento y tortuoso y, en todo caso, plagado de dolor.