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Acuerdos, allanamientos y populismo

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Alejandro F. Sánchez C.

Doctor en Derecho. Abogado penalista y profesor universitario.

www.alejandrofsanchez.com

 

He tenido la oportunidad de asistir en Colombia a acercamientos con investigadores y fiscales norteamericanos con miras a obtener un acuerdo -plea agreement-. La negociación puede darse en la sede de la prisión, pero si se necesitan nuevos acercamientos pueden programarse incluso en la cafetería de la embajada; capturado el personaje, te muestran las cartas, es decir, las diferentes pruebas que pesan contra tu representado, un paquete sólidamente armado donde lo tecnológico impera: interceptaciones, fotografías, videos, todo recaudado metodológicamente en meses de investigación ejecutada en los lugares más recónditos del país. Nada de entrevistas y de toda esa evidencia circunstancial a la que acá estamos acostumbrados.

 

Tomando tinto, el fiscal norteamericano expone a cuánto sería lo máximo que podría llegar la pena y en qué condiciones, en caso de lograr una negociación. Ahí, sentado, sin ningún soporte escrito que lo sustente, hay plena seguridad que lo que se dice se cumple, que ese fiscal no tendrá que pedirle permiso a nadie ni hablar con un superior para confirmar el compromiso ni habrá otra entidad con quien deba consultar, salvo al juez que de forma excepcionalísima puede oponerse.

 

Colombia es otro mundo. No siempre el fundamento de la captura resulta el más sólido y para llegar a un acuerdo o principio de oportunidad hay que superar una serie de filtros burocráticos que vuelven paquidérmico el proceso; si así y con todo se concreta algo hay que superar la fase de aprobación judicial, donde el papel de la víctima y el ministerio público resultan fundamentales, pues si bien técnicamente no pueden oponerse, sus intervenciones son influyentes.

 

Que Colombia no es Estados Unidos tenemos que aceptarlo, pero principios básicos como la lealtad y la transparencia no deberían tener fronteras. Un reciente episodio y del más alto nivel nos indica lo contrario:

 

En el sonado caso del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons -en el cual no tengo ninguna participación, valga aclarar-, la Contraloría y la Procuraduría emitieron un comunicado conjunto para expresar su indignación porque no estaban conformes con el acuerdo suscrito con la Fiscalía y aprobado por la propia Corte Suprema de Justicia. Según esas entidades, el acuerdo resultaba lesivo para las víctimas y estimulaba la corrupción.

 

Reaccionaron la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, para aclarar que el acuerdo solo comprendía uno de los tantos delitos por los cuales estaba siendo investigado el exgobernador, que respecto de los otros la persecución continuaba; lo más sorprendente de la historia es que pusieron en evidencia que el propio Ministerio Público había avalado el acuerdo. Es decir, en el momento de la aprobación la indignación no se expresó y, al contrario, se respaldó lo acordado.

 

Este tipo de situaciones son las que hacen que no seamos un país serio, que no exista confianza y seguridad jurídica en nuestras instituciones, elementos integrales y transversales en toda acción estatal, incluso aquella que se dedica a la persecución criminal. Si cosas como estas suceden al más alto nivel institucional, qué confianza puede tener el ciudadano de a pie de que realmente estas, cuando deben procesarlo, actúan guiadas por cánones institucionales y no por lo que exija la pasión del momento.

 

Lanzar gritos de indignación cuando se miran los toros desde la barrera resulta muy cómodo. Dónde estarán aquellas entidades cuando los procesados salgan libres por vencimiento de términos, qué dirán cuando, por falta de aprobación de un acuerdo o una oportunidad no se pueda procesar al resto de la organización, cuando el sistema colapse y los casos prescriban.

 

Qué bueno sería que estas entidades, más allá del interés por los titulares, ejecutaran una labor pedagógica en favor de las instituciones alternativas del proceso penal y de su importancia para lograr una justicia penal ejecutiva, realista y alcanzable. Qué bueno sería, por ejemplo, que ese enorme presupuesto que el Estado gasta en sostener el músculo burocrático de procuradores judiciales se invirtiera en mejores herramientas tecnológicas para la investigación, en más capacitación y mejores salarios para los investigadores, por ejemplo. Eso sí sería una verdadera contribución a la institucionalidad.

 

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