Los logros políticos de la iniciativa de reforma laboral

Edwin Palma Egea
Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección

Los asuntos del trabajo son más visibles que nunca. Cada denuncia de maltrato o de violación de derechos se ha vuelto “viral” y ha sido usada para hacer pedagogía alrededor de ellos, pero también han sido útiles para lograr acuerdos que mejoran las condiciones laborales o motivar investigaciones y sanciones. Muchas personas han aprendido que tienen derechos en el trabajo y ahora conocen los mecanismos para defenderlos y hacerlos efectivos.

Sin duda, hay una opinión mayoritaria sobre la existencia de un ambiente de “cosas inconstitucional” alrededor de los derechos humanos al trabajo y en el trabajo, que se caracteriza por una cultura sistémica de incumplimiento de las antiguas normas vigentes, mientras Congreso y gremios han impedido, hasta el momento, desarrollar la Constitución de 1991 en su componente laboral que es moderno, democrático, con enfoque de derechos e incorpora toda la doctrina internacional sobre la materia.

Y en todos los debates, foros (y encerronas) a las que me han invitado a participar en los dos últimos años, encuentro un consenso entre todos los actores del mundo del trabajo sobre la necesidad de una reforma laboral. También hay otro gran consenso y es que la iniciativa de reforma que hemos propuesto desde el Gobierno ha transformado las agendas de esos congresos, foros, conferencias y hasta de las facultades de Derecho. Y hoy es la reforma con opinión más favorable, según varias encuestas.

Los sindicatos comenzaron a incluir en sus pliegos de peticiones, en todo o en parte, los contenidos del proyecto de reforma laboral en su parte individual. Han pedido reducción de la jornada de trabajo, estabilidad laboral, contratos indefinidos, límites a la tercerización, capítulos de género, procedimientos disciplinarios garantistas y espacios de democracia en la empresa. Muchos lo han logrado en la etapa de arreglo directo. Otros están a la espera de que la jurisprudencia en materia arbitral amplíe y les dé más facultades a los árbitros, como en efecto ha ido pasando.

También los sindicatos se han atrevido, teniendo en cuenta la visión que el Gobierno tiene de los derechos colectivos, a pedir más garantías sindicales, a proponer la eliminación de pactos colectivos o a pensar en otros escenarios de negociación más allá de la empresa, como es el caso de Sintraelecol, que decidió unificar la vigencia de 34 convenios colectivos para promover pronto una negociación sectorial, como alguna vez ocurrió. Sintracarcol acaba de proponer un pliego de peticiones a la empresa beneficiaria del trabajo de tercerizados por Kimberly-Clark y los sindicatos del transporte le presentaron un pliego de peticiones a Transmilenio y no a los operadores del sistema de transporte masivo.

Sintraelecol votó mayoritariamente la huelga tanto en la Electrificadora de Santander-ESSA, como en la Transportadora de Gas Internacional-TGI, a pesar de que siempre les han dicho que por tratarse de servicios públicos esenciales la huelga está prohibida. Los trabajadores sindicalizados deben avanzar e innovar con o sin reforma laboral. Creo que los debates y las apuestas que hemos alentado desde el Gobierno los ha animado a romper viejas inercias.

Después de participar en decenas de foros, congresos y conversatorios en universidades, con gremios, medios o empresarios creo que ha crecido su receptividad y he escuchado interesantes propuestas para abordar, de manera más moderna y dentro del marco constitucional, las relaciones con sus trabajadores. Teleperformance, por ejemplo, el empleador privado más grande del país, anticipó, recientemente, la reducción de jornada de trabajo a 42 horas y adelanta, por primera vez, una negociación colectiva con un sindicato de más de 1.000 afiliados después de un acuerdo global acompañado por este ministerio. Otras empresas han adaptado su jornada a cuatro días por semana con un impacto positivo en la productividad y otras han intentado restablecer o reiniciar unas mejores relaciones con sus organizaciones sindicales.

Aunque parece prematuro señalar que atrás ha quedado el modelo confrontacional entre empleadores y sindicatos, se han dado varias discusiones que abonan el crecimiento de mayor democracia en las relaciones laborales y, con ello, mayor productividad. Como lo señaló recientemente un estudio publicado en esta casa, una de las causas de la baja productividad son los “malos liderazgos empresariales”, sobre todo aquellos más jerárquicos, verticales y sordos con las personas a cargo. Sin duda, eso debería abrir otro campo de discusión pública y política que deben abordar las compañías en un mundo cada día más globalizado y con mayor exigencia de cumplimiento de estándares de trabajo decente.

Aunque la reforma laboral todavía no es ley, lleva más de un año ganando terreno. Y claro, eso implica que trabajadores, sindicatos y empresarios abran sus mentes, renueven sus agendas y contenidos, se modernicen y se avengan a lograr acuerdos en el marco de diálogo social eficaz. Porque, por ejemplo, mientras muchos opinadores (que en su vida han hablado con un sindicalista o participado de algún sindicato), empresarios y sus abogados les piden a los sindicatos modernizarse, ellos siguen defendiendo una figura octogenaria: los pactos colectivos. Irónico.  

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Paute en Ámbito Jurídico.

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