¿Hacia dónde debe ir la reforma pensional en Colombia?

Luis Alberto Torres Tarazona

Director del Observatorio del Trabajo y de la Seguridad Social

Universidad Libre

Recordemos que mediante la Ley 100 de 1993 se estructuró el Sistema General de Pensiones compuesto por dos regímenes, el primero de naturaleza pública (régimen de prima media), el segundo de naturaleza privada (régimen de ahorro individual), coexistentes pero excluyentes; y que, en voces de Ana Rocío Niño e Iván Chinchilla, son un modelo en competencia. Desde su vigencia se distancian por sus diferencias: requisitos para pensionarse por vejez, clases de pensiones, valores de la mesada, entre otras.

El Gobierno Nacional presentará una reforma pensional frente a la cual nos preguntamos: ¿es conveniente que un colombiano se traslade de régimen si a corto plazo vienen cambios?

Se espera que cualquier persona que desee pensionarse encamine su razonamiento a que el valor de su mesada pensional sea el más óptimo para una calidad de vida acorde a los ingresos que tenía cuando trabajaba. Por tanto, permanecer en el sistema privado o público de pensiones solo dependerá de cuál de ellos sea más garante de la pensión y de su valor. El régimen que reconozca pensiones congruas será el indicado, por eso la importancia de la aplicación del principio del “buen consejo” por parte del Estado frente a sus asociados, para que tomen la mejor decisión para la vejez.

Adicional al valor de la mesada, nace la inquietud de reflexionar sobre las características que debe tener la reforma al sistema pensional colombiano en el contexto de la reforma pensional que se acerca. Por esta razón, es necesario que la propuesta del Gobierno termine con la competencia entre regímenes pensionales, ya que en Colombia son excluyentes e inconveniente su coexistencia. De un lado, el Estado no invierte en una política pensional más garante y, por el contrario, reduce su gasto en esa materia; de otra parte, a los fondos de pensiones privados no les interesan más que sus ganancias. 

Precisamente, el último informe de la OIT del 2019 muestra que muchos países han revertido la implementación de políticas en las pensiones, por eso venimos sosteniendo el fracaso de los sistemas pensionales en la región latinoamericana, y particularmente en Colombia, toda vez que Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Argentina revirtieron la decisión de privatizar por los impactos negativos en los pensionados.

En Chile y Perú funciona el sistema de capitalización, lo que en Colombia es el RAIS; sin embargo, dicho modelo no aporta a los pensionados en su calidad de vida, pues en muchos casos el valor de la mesada es por debajo del salario mínimo.

Entonces, Colombia tendría dos caminos: el primero, fortalecer el sistema público y que el Estado asuma las pensiones por la importancia como derecho humano social; el segundo, aplicar sistema de pilares, donde los dos regímenes existentes en la Ley 100 de 1993 trabajen armónicamente, esto es, un pilar público y otro “voluntario” en el sistema de capitalización (RAIS). 

El mayor problema pensional es la falta de política pública social, porque se han tratado las pensiones como parte de programas de gobierno. El mismo Estado hace cambios por imposición de políticas internacionales, pero falta política social real que haga proyecciones a 30 o 50 años, donde lo que importe sean las personas.  

Al propio tiempo se debe analizar no solo el número de cotizantes, sino mejorar el financiamiento del sistema, en el entendido que no puede seguir siendo regla general fundamentarlo en cotizaciones cuando el desempleo es tan alto, cuando estamos en presencia del desplazamiento del hombre por la tecnología y cuando la informalidad es preocupante.

Hay inequidad en temas sociales por carencia de empleo, la desnaturalización del contrato laboral, la falta de cultura de la seguridad social, el agobio de la clase media con excesivos impuestos que no se ven reflejados en la calidad de vida son factores a mejorar en esta reflexión sobre la pertinencia de volver al sistema de reparto; entonces, cuando el Estado comprenda que los derechos sociales son política de progreso y no solo un gasto las cosas cambiarán y se reflejarán en el bienestar de la personas.

Debemos enfocarnos en que el Estado colombiano desarrolle su finalidad social, sin repercusiones sociales para las personas que se trasladen de lo privado a lo público. En últimas, como dice la OIT,  establecer un nuevo modelo público en el que se revierta la privatización, aumente el número de pensionados en vez de reducirlo, se elimine la desigualdad de género en las pensiones y se tenga una verdadera gobernanza pensional.

El Gobierno debe actuar en pro de los pensionados, en pensiones públicas, en crear estrategias para hacerlas viables financieramente, en brindar pensiones congruas o dignas.  

No es legítimo continuar legislando con el enfoque de negocio, pues si hablamos de garantizar un derecho social, en palabras de Miguel Ciuro Cardani: “lo colectivo debe ser el mayor pensamiento, se deben dejar atrás tantas individualidades para que esté muy presente la solidaridad”.