12 de Diciembre de 2024 /
Actualizado hace 9 hours | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Columnista Online

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Los planes de gobierno siguen golpeando al sector empleador y a la empleabilidad

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Diego Felipe Valdivieso Rueda

VS+M Abogados

Twitter: @valdiviesodf / @vsmlegal

 

 

Luego del primer periodo del gobierno Santos, son muchas las opiniones y divergencias que existen en la sociedad colombiana respecto a su gestión. Apenas se da inicio a su segundo mandato, y en el Congreso de la República se discute, con aparente afán, una serie de proyectos de ley, exponiéndonos a las temidas reformas exprés que vivimos con mucha frustración en el cuatrienio anterior. 

 

Sin entrar a recordar la fatídica reforma a la justicia, cuyos efectos aún se siguen viviendo, basta con mencionar como en diciembre del año 2012 se impulsó, de manera muy expedita, una reforma tributaria (Ley 1607 del 2012) que impactó negativamente a la clase media colombiana. Hoy, menos de 24 meses después y sin que si quiera exista claridad sobre muchos apartes de dicha reforma,  ya se discute una nueva norma tributaria, en la cual, bajo el distractor de prologar el impuesto al patrimonio y el denominado 4 x 1.000, se pretende incluir un aumento en el impuesto sobre la renta para la equidad (Cree).

 

Debemos advertir que, desgraciadamente, hoy en Colombia se hace política social a costa del sector productivo, sin que se cuente con un compromiso real del Estado en optimizar y hacer más eficiente su funcionamiento. Las reformas que se promueven, como el retorno al antiguo esquema de recargos nocturnos, claramente impactarán los costos de productividad empresarial, y más allá de lo popular que puedan resultar, requieren de reflexiones profundas que midan su verdadero impacto.

 

Podemos deducir que hoy en Colombia las políticas públicas, su implementación, ejecución y alcance se miden de acuerdo al termómetro político o con una visión económica presente, pero no se mira el impacto que pueden llegar a tener en un futuro lejano. Esto para nada contribuye ni favorece la productividad del país, y mucho menos incentiva la creación de nuevas empresas que puedan colaborar con el crecimiento económico de Colombia.

 

Se avecina un nuevo incremento en el costo operacional de las empresas, representado por la prolongación del impuesto al patrimonio y el 4 x 1.000, el incremento al Cree, el incremento a los recargos nocturnos, la presión con sanaciones desproporcionadas hacia la formalización laboral, sin contar con toda una serie de proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República, que amenazan con hacer más preocupante el panorama de costo empresarial en nuestro país.

 

Es así como es pertinente realizar el siguiente llamado de atención: ¿de dónde resultarán los recursos necesarios para que el empresariado colombiano asuma estas nuevas cargas?

 

La respuesta es: de la optimización de los procesos, la reducción de costos de producción y el incremento en el costo de los productos o servicios. Lo anterior terminará por impactar al ciudadano del común, ya sea que en su calidad de trabajador eventualmente se exponga a recortes o disminución de ingresos, o del consumidor que tendrá que asumir estos mayores valores. A modo de ejemplo, se advierte que volver al antiguo esquema de recargos nocturnos representará un costo aproximado de 900.000 millones de pesos por año, lo cual representaría cerca de 75.000 empleos a recortar por año.

 

Estas medidas, aparentemente de tinte social y que son muy fáciles de vender y de difundir, lo que harán, en vez de beneficiar a los colombianos, será producir efectos perversos. No es exagerado predecir la contracción del sector productivo, impactando, en una especie de efecto dominó, el sector empleo, así como el ingreso de los trabajadores, por la misma razón que ya dijimos: la plata que se debe pagar saldrá de los bolsillos de los trabajadores colombianos.

 

Es muy preocupante ver la situación en la que se encuentra Colombia. El Gobierno Nacional promueve acciones sin tener en cuenta el impacto futuro en términos de empleabilidad. Confiamos en que esto cambie y se fijen finalmente políticas de Estado, no solo de gobierno, que efectivamente contribuyan al progreso social y económico del país, y que no creen efectos perjudiciales y perversos para su desarrollo.

 

Nuestra invitación es que este nuevo Congreso, en vez de crear normas laborales aisladas y derogar otras, centre sus esfuerzos legislativos en promover una estructural reforma laboral, que se adapte a nuestro nuevo entorno social, a un futuro sin conflicto armado y a toda una serie de tecnologías que están cambiando la forma de ejecutar el trabajo.

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