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¿Lectura bogotana del mundo de los abogados?

¿Lectura bogotana del mundo de los abogados?

Liliana Estupiñán Achury

Directora del Doctorado en Derecho de la Universidad Libre

Vicepresidente de la Red RINDE

Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas                                       

Twitter: @LiliEstupinanAc

 

Los abogados hacemos estudios sobre el mundo de los abogados. Necesario pero complejo ejercicio de la sociología jurídica. Estudiarnos a nosotros mismos comporta varios problemas, desde el lugar donde estemos ubicados podemos caer en apreciaciones subjetivas, intereses personales, la adulación de instituciones, universidades, académicos o doctrinantes con quienes queremos interactuar o congraciarnos, opción moralmente deplorable, o en una línea más extrema, posar de neutrales y objetivos y pasar a la construcción de clasificaciones crudas y fuertes, que, en mi criterio, podrían viciar el acercamiento cualitativo y cuantitavo de estas investigaciones, y afectar a miles de seres humanos que son victimas de un perverso sistema del mercado y de la privatización de la educación en Colombia. Cualquier extremo es cuestionable desde el punto de vista moral y científico.  

 

Celebro cada vez que aparecen escritos e investigaciones sobre el mundo de los abogados.  Ni más faltaba, se esperan estudios críticos que permitan reconstruir esta profesión que presenta dificultades de acceso, calidad, costo, formación y ejercicio. Una sociedad inequitativa como esta no puede ofrecer otros resultados en el tema de la educación jurídica y sus consecuencias en el ejercicio profesional.

 

Los resultados son preocupantes. Para la muestra un botón, los datos que trae a colación el estudio que es objeto de esta columna (Abogados sin reglas), hablan por sí solos: el número excesivo de juristas cuya tasa es de 568 por cada 100.000 habitantes (2016) o la cantidad de graduados en Derecho, que según el documento es tres veces mayor que la de los médicos, 13 veces mayor que la de los biólogos, casi 28 veces mayor que la de sociólogos y 84 veces mayor que la de geólogos. Solamente para el año 2015 se habla de 13.915 graduados en Derecho.

 

Germán Silva García y Mauricio García Villegas, entre otros, han realizado aportes significativos para entender el mundo de los abogados en Colombia. Silva García, uno de los pioneros de esta área de investigación, ya denunciaba en el año 2001 (El mundo real de los abogados y de la justicia) las consecuencias de la Ley 30 de 1992.

 

Por su parte, el último texto de Mauricio García Villegas, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, y María Adelaida Ceballos Bedoya, de la Eafit (los dos de pregrado de la ciudad de Medellín), titulado, como ya se anotó anteriormente, Abogados sin reglas -síntesis que reúne los aspectos más relevantes de una extensa investigación académica elaborada por ellos en Dejustica-, presenta una radiografía del mundo jurídico, con serios datos que ameritan diversas discusiones y reflexiones sobre la situación de este campo.  Los datos son preocupantes.

 

Esta investigación, sin duda, constituye el mayor soporte de la última Ley 1905 del 2018, que regula el tema de la certificación de aprobación de Examen de Estado al que se someterán los egresados de los programas de Derecho. Examen elaborado por el Consejo Superior de la Judicatura o la institución de educación superior acreditada en alta calidad que se contrate para tal fin. Prueba que, al superarse, habilita la expedición de la tarjeta profesional. 

 

El texto tiene un interesante apartado dedicado al tema de los juristas, el mercado y la desigualdad, en donde los autores presentan unas causas de la crisis del campo jurídico. La desregulación, el exceso de autonomía universitaria, el déficit de la capacidad estatal, la educación sesgada por la condición económica, el apartheid profesional, la feminización con techo de cristal y la prevalencia del mercado, entre otras razones.

 

Coincido con estas causas de la perversión del sistema, a las cuales se agregan las lógicas mafiosas, clientelares y políticas, la puerta giratoria entre todas las opciones profesionales que tienen los abogados (de magistrado a litigante, de litigante consultor a ministro, etc.), eso sí, agregando el modelo económico, el desprecio por la educación pública, la “democratización” y también la elitización de la educación jurídica y del acceso al ejercicio profesional que se proyecta.

 

El mayor reparo que tengo frente a dicho estudio está en la metodología utilizada para llevar a cabo la clasificación de las universidades, la generalización y la construcción de todas las conclusiones, inferencias y análisis que se realizan a partir del mismo ejercicio clasificatorio. La metodología, es en mi criterio, básica, cruda, elitista y bogotana.

 

A partir de la calidad y costo de los programas crean una tipología de la educación jurídica en Colombia. La calidad se mide a partir de los procesos de acreditación tanto de facultades como de las correspondientes instituciones que los regentan y los resultados de las pruebas Saber Pro. Para el tema de los costos, toman como punto de partida el promedio del costo de todos los pregrados, que, según ellos, en el 2015 era de aproximadamente 3.400.000 pesos o 1.186 dólares.

 

Así clasifican las instituciones en élite privada de alto costo (15 pregrados, 12 % matriculados), élite pública de bajo costo (5 pregrados oficiales y 4 % de los matriculados), estas dos categorías calificadas como de alta calidad. Y dentro de la calidad baja, ubican a las universidades de no élite de alto costo (30 pregrados privados y 14 % de los matriculados) y no élite de bajo costo (128 pregrados: 31 oficiales y 97 privados y 70 % de los matriculados). No se mencionan los listados ni las instituciones, pero durante todo el texto se hace referencia a varias de ellas de forma explícita. Así, por ejemplo, quien escribe esta columna se presentará a partir de la fecha, y conforme a esta clasificación, como una egresada de un programa de no élite de alto costo (baja calidad). Saquen conclusiones.

 

Al final, terminan asumiendo la responsabilidad del preocupante panorama: las instituciones, la comunidad académica y los egresados. El sillón donde se lleva a cabo la infidelidad, en otras palabras.

 

No niego que en este sistema perverso muchos tienen la culpa, entre otros, el modelo económico, la denominada democratización, privatización y elitización de la educación, el uso abusivo del principio de la autonomía universitaria y de las comunidades académicas en las que incluyo desde los fundadores, máximos directivos y hasta los profesores, muchos de los cuales disfrutan del caos, entran en una zona de confort y de baja producción, o incluso, en los casos más preocupantes son docentes de carrera de tres o más universidades al mismo tiempo y en supuestas jornadas completas.

 

Ni hablar de las condiciones laborales en las que están cientos y miles de docentes, muchos doctores sin el estatus y el reconocimiento suficiente para suplir de forma digna sus básicas necesidades, todavía conciben el mundo de la docencia como un hobby. Responsabilidad de todos, no hay duda. Pero seguiría en el sillón de la infidelidad. Por lo tanto, no puedo desconocer los máximos responsables de esta compleja situación: el marco internacional, las presiones de actores internacionales para llevar a cabo reformas internas de apertura que abrieron el camino a esta diáspora, el papel débil del Estado, el abandono de la educación superior y su entrega a los brazos del mercado y de la libre competencia. Un Estado que está convencido que el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior es suficiente para controlar lo ya incontrolable.

 

El marco utilizado puede servir, los datos son valiosos, pero la clasificación que realizan merece una revisión por parte de expertos en estos asuntos, además de la lectura de los datos, la construcción de la escritura y el componente cuidadoso que se debe tener cuando de humanos y afectaciones se trata. 

 

De todas formas, bienvenido el debate. De eso se trata, así son los textos. La ciencia debe cumplir una labor transformadora. Las tres salidas que se proponen: examen de Estado, inscripción en colegio de abogados y control disciplinario puede que sirvan, tengo mis dudas, pero es más de lo mismo. El debate está abierto. Una nueva contribución para el estudio del mundo de los abogados.

 

Nota: Revisar importante estudio elaborado por Antonio Milla (Revista Republicana – Universidad Republicana), titulado Ranking y estado de la investigación en las Facultades de Derecho de Colombia. Otras formas de ver el mundo de los abogados.

 

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