Crisis social = crisis de la justicia

Fernando Pico Zúñiga

Asociado Martínez Neira Abogados

Hace pocos días se presentó la Gran Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas desarrollada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá y el Banco Mundial.
 
La señalada investigación, a sabiendas de la ineficacia y crisis por la que atraviesa el sistema judicial colombiano, pretende, a través de la indagación de las necesidades socio-jurídicas de las personas, recaudar todos los elementos necesarios que permitan fortalecer el acceso a la justicia, así como los servicios que ella presta, con el objetivo de formular políticas públicas claras y eficaces en este campo.
 
Si bien las conclusiones del resumen ejecutivo expuesto por el grupo investigador no proponen políticas precisas, sí identifica las necesidades jurídicas del sistema judicial y, al respecto, plantea recomendaciones en diferentes campos, a saber:
 
1.                  El empoderamiento legal y judicial de las personas mediante el fortalecimiento de la orientación y asistencia legales. En otras palabras, incentivar el conocimiento de los mecanismos jurídicos con los que cuentan los sujetos de derecho e impulsar el acceso al apoyo legal, preferentemente sobre el sector más vulnerable de la población. 
 
2.                  El fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC). Para ello, se deben (i) robustecer las instituciones y los centros especializados que ofrecen esos servicios; (ii) incentivar el conocimiento de dichos mecanismos; y (iii) desarrollar una política de inspección y vigilancia de los MASC. 
 
3.                  En lo concerniente a la justicia en el campo empresarial, se recomienda lograr prosperidad social mediante la solución de conflictos de una manera equitativa y eficiente que permita aumentar la competitividad. Para ello, se proponen como elementos de esa política: (i) el desarrollo de objetivos e  indicadores de evaluación sobre MASC; (ii) la profundización del análisis sobre las necesidades de la población empresarial en MASC; (iii) la implementación de alianzas estratégicas y evolución de MASC y productos afines; (iv) la promoción, comunicación y diseminación; y (v) la educación económica y empresarial para la prosperidad social y desarrollo nacional. 
 
Comprendemos que la formulación de políticas para el mejor funcionamiento del aparato judicial es un tema complejo que requiere no solo de un análisis socio-jurídico, como se ha realizado en muy buena hora, sino además económico y financiero que permita ponerle números al ejercicio de la justicia por parte del Estado. Sin embargo, a la luz del propósito establecido por el grupo experto, así como el estado actual de nuestra función judicial, no es posible dejar pasar por alto un momento histórico tan trascendental como este para proponer soluciones concretas a esas necesidades identificadas por la encuesta.
 
De ahí que consideremos que el análisis sea fragmentario, en el entendido en que no cumple con ese propósito dispuesto, ineludible para la sociedad colombiana.
 
Sin perjuicio de ello, debemos resaltar la importante tarea que se ha realizado. Es tal vez este el primer y completo estudio socio-jurídico sobre la justicia nacional, que consulta las exigencias y problemáticas cotidianas de las personas de diferentes estratos sociales, frente a la solución de sus problemas legales. Reconoce que la crisis social es también la crisis de la aplicación del Derecho y, en esa medida, trabaja sobre los puntos vulnerados.
 
Este hecho no es de poca monta, como lo hemos comentado en opiniones pasadas, entendemos que la justicia no solo requiere de una inyección económica, indudablemente sustancial, sino además de un análisis social y cultural que permita identificar las penurias por las que atraviesa el colombiano de a pie al acceder al sistema y al navegar por las aguas, en muchos casos lentas y turbias, en las que navega el barco. Por ello la vital trascendencia del análisis.
 
La crisis del Derecho en este escenario no puede ser enfrentada solo con nuevos códigos, reglamentos y más jueces, pues la dificultad por la que atraviesa es a su vez la insolvencia del sistema jurídico dentro del escenario social.
 
El Derecho, en campos como el de la justicia, parece haberse estancado en el formalismo agudo que entiende a la ciencia jurídica como un simple quehacer cotidiano que se agota en la resolución de conflictos sin tener presente su fin, el buen vivir de la persona. De ahí la importancia de la Gran Encuesta, pues justamente analiza la justicia desde el requerimiento social.
 
Esperamos que sea este el gran paso que logre realizar en nuestro país un orden social justo y adecuado para los colombianos, pero sobre todo, que las recomendaciones propuestas sean el puntal para incentivar la discusión y el impulso de políticas eficaces para el buen desarrollo de función judicial.