Derecho a la información: lucha de pocos, problema de todos

Natalia Ospina Díaz

Socia fundadora www.abogadotic.com

Especialista y magistra en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías

Nuestra democracia se ha puesto en juego muchas veces antes y durante la pandemia y otras tantas ha sido vilmente ignorada, por eso puedo afirmar que el ejercicio del derecho al voto no parece el riesgo más grande al que ha estado expuesta por estos tiempos turbulentos de elecciones.

Y es que democracia no es solo salir a votar, democracia es respeto a los derechos fundamentales pactados en nuestra Constitución, todos importantes, pero por el momento uno de los más populares: el derecho a la información.

Un derecho cercenado en un país en el que obligan a callar a los pobres o, como en pandemia, los callan con subsidios, mientras en realidad mueren de hambre; un país donde amenazan a la prensa y en el que el personaje que decide hablar es un héroe nacional, porque se expone a hacer historia y a que la misma sea acallada y devorada por las fauces de la posverdad, sin contar con las consecuencias que puede traer el hablar en público de aquellos que “no se deben” mencionar.

En la sociedad de la información en la que actualmente vivimos, un derecho prevalente y notorio es el derecho a la información, un derecho reconocido por la Corte Constitucional como fundamental, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como derecho humano y por la Carta de Derechos Civiles y Políticos de 1948. Es un derecho conformado por dos dimensiones: aquella en la que el individuo tiene el derecho a expresarse y, la más importante en esta época, aquella dimensión en la que el ciudadano tiene derecho a ser informado.

Y es que ser informado no se trata de enterarse del acontecer político, cultural y farandulero de turno, ser informado en una democracia significa tener acceso a la información que nos permite conocer las decisiones que se toman para administrar nuestros recursos, esos que cada ciudadano aporta con sus impuestos para pagarles a los funcionarios su labor y para ser beneficiario y usuario de los bienes y servicios públicos. En los países con democracias más desarrolladas, las limitaciones que un gobernante puede imponer a este derecho, aun en pandemia, son bastante restringidas, no cualquier gobernante de turno puede moldear este derecho a su antojo.

Bloquear el ejercicio del derecho a la información devenga en censura, palabra que siempre relacionamos con los medios de comunicación, pero que es más que eso, se trata de la negación de información al ciudadano, del silenciamiento, del ejercicio del poder por derecho propio, sin contrapeso y sin recibo de quejas o peticiones que se consideran incómodas y sin la revelación de las acciones buenas o malas con el fin de evitar toda explicación, lo que hace el ejercicio político bastante cómodo. Sin más, podemos afirmar que la censura en esta definición lleva al ejercicio ilegítimo del poder por negación del ejercicio del poder democrático básico de informarse al ciudadano.

¿Le parece que ha escuchado esta historia?, pues, gracias a unos pocos legisladores colombianos, se encontraron infundadas las “razones” por las cuales nuestra Rama Ejecutiva objetó el proyecto de ley que restablecía los plazos de respuesta a derechos de petición por considerarlo “inconveniente” en medio de la pandemia.

Gracias a esto, se restablecieron –muy a pesar de las razones de la Rama Ejecutiva–, mediante la Ley 2207 del 2022, los términos de respuesta a los derechos de petición que estaban previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, quedando otra vez vigentes los términos de 15 y 30 días para acceso a documentos y respuesta a consultas, respectivamente, los cuales, por decisión del Decreto 491 del 2020, habían sido duplicados, valga decir sin mayor explicación o una explicación más profunda que las dificultades propias del covid-19.

Lo bueno es que se restablecieron los plazos, lo malo es que no fue una discusión pública o, por lo menos, no fue una discusión a la que se le diera la importancia que tenía, y lo perverso, que la Rama Ejecutiva considere “inconveniente” que la ciudadanía acceda a la información pública.

Regresando al título, no me preocupa el derecho al voto en el ejercicio democrático, porque estamos en un país en el que mal que bien, este derecho se ha respetado. Me preocupa, ciertamente, que las bases democráticas hayan sido violentadas en silencio mediante la vulneración al derecho de acceso a la información y solo unos pocos alzaron la mano y, afortunadamente, salvaron la patria. De todas formas, muchas gracias a esos pocos, esperamos contar con ellos en toda ocasión en la que otro derecho fundamental humano se ponga en inminente peligro.