Juan Antonio Pabón Arrieta
Integrante de ICON-S

Jean Paul Vásquez Gómez
Integrante de ICON-S

Una de las principales causas de violencia en nuestra historia patria ha sido la generada por el Estado, no solo por su actuar u omisión, sino también por su estructura, por los límites legales que definen su forma y capacidad de conducta. Una capacidad que ha propiciado una geografía de abandono, una periferia ignota por descuido. Una estructura en la que se impone la autoridad y se tiende a abusar del monopolio de la fuerza. Una negación de la racionalidad del Estado de derecho.

El resultado de las tensiones de los factores de poder a través de nuestra historia ha marcado la configuración del Estado: unitario con descentralización. El pluralismo, el autogobierno, la libertad, la Constitución y la democracia, así como la búsqueda de soluciones legitimas nos invitan a revalorar tal situación. Bien decía el poeta Miguel Hernández: “Por y para la libertad es que existen “… para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos”

El Estado de derecho es la forma de organización política en la que el poder está limitado por la ley racional y razonable, que emana del consenso, y no de la fuerza y la coerción. La propia autoridad se somete a las reglas jurídicas que restringen su ejercicio, admiten y defienden la primacía del Estado de civilidad. El Estado constitucional es una versión más avanzada de este concepto, en la que las normas legales están subordinadas a la Constitución que protege y garantizan los derechos humanos, y que exige respuestas administrativas y legislativas proporcionales. Así, todo Estado, aunque produzca normas jurídicas y las haga efectivas, posee una carga permanente de argumentación frente a la ciudadanía, la que de resultar satisfecha exaltará la legalidad y constitucionalidad.

El poder político de un Estado tiene que estar dividido y sometido a controles, tanto en forma vertical como horizontal. Los poderes deben ser autónomos e independientes, con competencias exclusivas y con margen de cooperación. Tales exigencias han permanecido anotadas de antaño en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, según el cual, un Estado que no garantice los derechos, ni la separación de poderes, carece en la práctica de constitución.

Por ello, la libertad y sus garantías deben ser titulaciones de la población, y a la par, de las entidades territoriales. La libertad es autonomía. La autonomía, en forma activa, permite la participación política y sirve de contención ante las interferencias arbitrarias. Pero la libertad y los derechos humanos se ejercen en un determinado espacio y tiempo, entre los miembros de una comunidad en el territorio, que no puede ser reducida a un mero dato geográfico. Es presencia democrática de los miembros de una comunidad política para resolver sus desacuerdos y dilemas sociales, sin que por ello cesen los deberes de cooperación institucional.

Así, el territorio es un asunto ontológico compuesto por elementos culturales, políticos y lingüísticos, que deben ser reconocidos por los Estados constitucionales de derecho, y en la que debe primar la difusión amplia, equitativa y cada vez más progresiva del poder en el pueblo. Una institucionalidad que se alimenta de la interacción y diálogo con las comunidades. Así mismo, una distribución del poder político facilita el control social, uno horizontal y de constante rendición de cuentas, lo que pide un activismo administrativo y especialmente comunitario.

Aún en vigencia de la Constitución de 1991 las relaciones entre el poder central y los poderes de las entidades territoriales (departamentos, distritos, municipios, comunidades indígenas y afrodescendientes), es distante y poco efectiva; repensar esta dinámica nos llevará a rebatir el olvido y a fundar desde la simetría el servicio público como preocupación real por los derechos de las personas.

Necesitamos ser asertivos para establecer cualitativa y cuantitativamente la distancia entre nuestro Estado y la meta del Estado democrático y constitucional. Debemos establecer los retos de esa transformación desde todos los sectores sociales; discutir con seriedad y sin temores la conveniencia de una organización unitario o federal; una alternativa que dignifique la diversidad social.   

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