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¿Qué reformas para la justicia?

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Carolina Villadiego Burbano

Investigadora, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)

 

Varios candidatos a la Presidencia de la República proponen una reforma a la justicia motivada, en gran medida, por las decisiones de la Corte Constitucional sobre la reforma de Equilibrio de Poderes. Algunos, incluso, han dicho que harán una Asamblea Constituyente para reformar la justicia.

 

Aunque no comparto los argumentos de la Corte en esas sentencias, y sí pienso que se necesita una reforma al Consejo Superior de la Judicatura y al esquema de juzgamiento de los magistrados de las altas cortes, no creo que hayamos llegado a un escenario en el que solo una constituyente permite hacer las reformas. Todavía podemos ajustar la Ley Estatutaria de Justicia para fortalecer la división entre las funciones de gobierno y las de gestión del Consejo Superior de la Judicatura, mejorar el diseño organizacional de esta entidad, entre otras. También, podemos mejorar el esquema de investigación de los magistrados de las altas cortes en la Cámara de Representantes y ajustar aspectos procedimentales del antejuicio político.

 

Pero más allá de eso, los candidatos a la Presidencia podrían discutir políticas que fortalecerían el acceso y la legitimidad de la justicia. Les propongo cuatro temas. Primero, podrían diseñar un plan para prevenir y resolver las necesidades jurídicas de la población. Por ejemplo, dado que según la encuesta realizada por el Departamento Nacional de Planeación y el Dane, en el 2016, la negación del servicio de salud fue una de las necesidades más declaradas, el Ejecutivo podría diseñar esquemas efectivos para resolver estas controversias.

 

Segundo, podrían proponer mecanismos que permitan garantizar el derecho de petición. Por ejemplo, podrían caracterizar las dificultades que tienen las entidades para responder las peticiones ciudadanas, y mapear cuáles son las entidades más accionadas, las pretensiones más solicitadas y las causas por las que no se responden las solicitudes. Esto permitiría diseñar líneas de acción claras para facilitar las respuestas a la ciudadanía, que incluyan rutas específicas para resolver las peticiones más sencillas, y otras, para tramitar las solicitudes más complejas.

 

Tercero, podrían proponer cómo mejorar la información estadística de los servicios de justicia que brinda o coordina el Poder Ejecutivo, para que esté unificada, clara y accesible al público. Por ejemplo, podrían establecer mecanismos que permitan tener información periódica y unificada de los ingresos, egresos y duración de los procesos jurisdiccionales a cargo de las superintendencias, así como la cantidad de funciones de policía judicial realizadas por las autoridades administrativas y la cantidad de decisiones proferidas por los defensores de familia, entre otras.

 

Cuarto, podrían proponer un proyecto de ley que reglamente la convocatoria pública para elegir a los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina, que es la entidad encargada de disciplinar a los jueces. No es posible que en medio de la crisis de legitimidad que atraviesa la justicia por los escándalos de corrupción judicial y luego de casi dos años de promulgada la reforma que modifica la Sala Disciplinaria, no se haya implementado dicha Comisión. Es menos sostenible, como lo ha resaltado la Corporación Excelencia en la Justicia, que la Sala Disciplinaria actual tenga magistrados con periodos vencidos y en provisionalidad. 

 

La justicia necesita reformas. Pero varias de ellas deben tener como enfoque mejorar el acceso a la justicia y la legitimidad del sistema judicial. Y si vamos a discutir una Asamblea Constituyente para reformar la justicia, tengamos claro para qué sería esa asamblea y si realmente hemos agotado las vías ordinarias de reforma. Y, sobre todo, dialoguemos ampliamente sobre qué reformas necesita la justicia.  

 

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