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No a las “rappisoluciones”

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No a las “rappisoluciones”

Diego Felipe Valdivieso Rueda

Líder de la Unidad de Derecho Laboral y Seguridad Social en Scola Abogados

 

Recuerdo escuchar en mi infancia que, para el año 2000, ya nos movilizaríamos en carros voladores, pero no, han transcurrido 19 años desde la fecha imaginada y los carros aún no vuelan. Lo que en realidad nunca escuché era algo que se pudiera asimilar al boom que hoy tenemos con las aplicaciones digitales, a través de las cuales tenemos todo en el alcance de la mano, casi parecido a un proceso de teletransportación.

 

La atención mediática que recientemente han ganado aplicaciones o plataformas digitales como Rappi, Uber, Picup, Beat, Didi, entre otras, genera preocupación, pues si bien se crea un interés legítimo en un público que reclama soluciones, esto no necesariamente es lo conveniente en pleno periodo electoral, más aún, cuando la mayoría de trabajadores digitales del país se encuentran concentrados en los centros urbanos donde se desarrollan las mayores disputas políticas. 

 

Así las cosas, es importante que las autoridades que tienen la obligación de afrontar los desafíos que se presentan no caigan en el calor de la contienda electoral que podría llevarlos a aventurarse a ejecutar una “rappisolución”. Por el contrario, se requiere de un proceso reflexivo que tenga como punto mínimo de partida el hacer consciencia sobre cuál es el verdadero problema jurídico y social envuelto en el trabajo que hay en algunas de las plataformas digitales.

 

Para muchos, las plataformas digitales han traído consigo un problema nuevo a las estructuras jurídicas del trabajo y a la forma como las personas “trabajan”, así como a la posibilidad de muchos para acceder a seguridad social o, incluso, a mínimos de subsistencia. No obstante, en nuestra opinión, por lo menos desde la perspectiva del trabajo en Colombia, lo que se habla alrededor de las plataformas digitales no es un problema nuevo, es un problema silencioso y conocido, pero ignorado, la informalidad, que parece salir a la luz en estos momentos por su uniforme naranja, pero siempre ha estado ahí. 

 

Hay que decir que la informalidad no es nada nuevo en nuestro país, y tampoco es un problema fácil de ignorar, a pesar de que lo hacemos con gran facilidad. Según el Dane, en una medición de abril del 2019, aproximadamente el 47 % de las ocupaciones en áreas metropolitanas se encuentra en el sector informal[1], y esto no tiene en cuenta la informalidad en el sector rural, o las diversas formas de trabajo que se encuentran en una delgada línea entre la formalidad y la informalidad, muchas de ellas cumpliendo algunos mínimos, pero sin llegar a todo lo que establecen las disposiciones normativas en materia de protección social.

 

Entonces, ¿qué sentido tiene crear soluciones puntuales para las plataformas digitales, cuando estas son simplemente un reflejo fraccionado de una problemática de dimensiones superiores? Darle soluciones distintas a un mismo problema es crear la ilusión de problemas diferentes. No hay mucho que diferencie la informalidad como la conocemos de lo que está sucediendo en algunas de las plataformas que han estado en el ojo de la opinión pública. Crear soluciones que solamente ampara a los trabajadores informales  que utilizan las plataformas digitales oculta aún más la realidad de los miles de trabajadores informales que no tienen acceso a estas alternativas de trabajo, lo cual resulta especialmente problemático e inclusive discriminatorio, pues, podría incentivar una acción moralmente reprochable, como es la de favorecer a un sector puntual, invisibilizando la gran mayoría de personas que por no hacer uso de un smartphone perdurarán en la informalidad. 

 

Eso desde la óptica de la población. Por otra parte, obligar a las plataformas a cubrir parte de  los costos de aseguramiento social, sin clarificar el lugar jurídico en que se encuentran los trabajadores digitales, sería cuestionar a raja tabla la innovación que traen al mercado, aplicando soluciones viejas a retos nuevos, a cambio de una apariencia de formalidad que podría terminar por promover la modificación de muchas estructuras productivas, al poner en jaque y desventaja a empresas con modelos estandarizados dentro de lo que hoy se entiende por formalidad, frente a las empresas que acogieran la solución planteada.

 

No pretendamos que un caudillo sea el héroe de esta historia, creando una solución puntual aplicable solo a un grupo limitado de personas y con duración limitada a una nueva innovación. Por el contrario, el llamado es para no ignorar los pasos que ya se han dado. Muchos han dicho que Colombia es un país sin memoria, pero jamás se imaginaron que tampoco tuviéramos memoria a corto plazo. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de este año, se propuso y aprobó lo que parece ser una solución transversal para la informalidad.

 

El Piso Mínimo de Protección busca ofrecer una solución a las personas que tienen ingresos variables y menores al salario mínimo (sean trabajadores digitales o no) permitiendo que se afilien a salud y pensión con un aporte proporcional a sus ingresos. Esto en teoría les daría la oportunidad a muchos informales para poder acceder a la seguridad social sin incurrir, como sucede hoy, en el pago de una seguridad social calculada sobre un ingreso que no es realmente recibido. Por otro lado, para aquellas personas que ya devengan un ingreso igual o superior al salario mínimo, el problema no es necesariamente de informalidad, sino de ilegalidad, así que al igual que todos los demás trabajadores, dependientes o independientes, para aquellos que ofrecen su servicio a través de las plataformas y devengan ingresos en estas proporcionales, lo que debe hacerse es exigirse el pago del aporte, tal como sucede con el resto de habitantes del territorio nacional.

 

Siendo así, y sin intención de glorificar la propuesta, ya existe una alternativa para la informalidad en general, y que desde luego incluye los problemas alrededor de las plataformas digitales. Lo establecido en el PND sobre el Piso Mínimo de Protección Social, responde a una estrategia a largo plazo para cobijar a los miles de trabajadores informales que por ahora son solo una estadística y viven a la sombra de la formalidad. Presionar la creación de “rappisoluciones” daría pie para reglamentaciones inequitativas (frente a la gran informalidad y frente a las empresas que se desenvuelven en el terreno tradicional del contrato de trabajo), truncando los esfuerzos del gobierno actual, quien lo que debe hacer es reglamentar rápidamente lo anunciado en el PND.  

 

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