El futuro ya llegó (II)

Andrea Rocha Granados

Abogada de la Universidad de los Andes e investigadora en derechos humanos

Tal como se demostró en un juicio realizado en Argentina, el Plan Cóndor fue una asociación ilícita creada para secuestrar, torturar y desaparecer opositores políticos. Ese acuerdo tuvo diferentes fases. En un principio se centró en la recolección de información sobre agrupaciones y personas consideradas como subversivas. Luego se detectaron y desaparecieron o asesinaron en operativos conjuntos a los principales “enemigos” políticos de la región del Cono Sur. La última etapa consistió en la detección y persecución de personas que se encontraban en otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa.

El acta de fundación del Plan Cóndor fue firmada el 28 de noviembre de 1975, en Santiago de Chile. A esa reunión asistieron los representantes de los servicios de inteligencia de los países que lo integraron: Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia. Si bien Brasil no asistió al encuentro, se incorporó al operativo más adelante. Todos esos países se encontraban bajo dictadura, salvo Argentina. Su participación en la reunión muestra que las prácticas represivas ya estaban en marcha, aunque faltaban cuatro meses para que se produjera el golpe de Estado.

Para reconstruir esas etapas del Plan fueron imprescindibles varios acervos documentales de inteligencia, principalmente de la DINA chilena y de la SIDE argentina, a los que se pudo acceder gracias a los procesos de justicia transicional llevados a cabo en esos países. También los documentos que integran el llamado Archivo del Terror de Paraguay y el material de inteligencia que fue recolectado por la Comisión de la Verdad de Brasil. Toda esa información fue útil para lograr la condena de 15 acusados por los delitos de los que fueron víctimas 105 personas de distintas nacionalidades. Son muchas más las víctimas, pero por distintos motivos no todas pudieron ser incluidas en este proceso. Al inicio de la causa estaban imputados los dictadores Augusto Pinochet, de Chile; Alfredo Stroessner, de Paraguay; Hugo Banzer, de Bolivia, y Jorge Rafael Videla, de Argentina, como principales responsables. Todos murieron antes de llegar a juicio.

Otro material fundamental fueron los archivos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El rol de ese país en las dictaduras de América Latina ha sido objeto de mucha discusión. Hay evidencia concreta de que el golpe de Estado contra Salvador Allende fue financiado por la CIA y que esa misma agencia proporcionó la tecnología para archivar y procesar la información recolectada por los servicios de inteligencia latinoamericanos durante la ejecución de Plan Cóndor. Por otra parte, la doctrina de seguridad nacional que inspiró y estructuró las prácticas represivas efectuadas por las Fuerzas Armadas y de Seguridad fue impartida a los militares de todo el continente a través de la Escuela de las Américas, que funcionaba en Panamá a cargo de EE UU. Finalmente, se ha podido establecer que ese país tuvo conocimiento del Plan Cóndor y dejó que este avanzara sin mayores obstáculos.

El juicio por el Plan Cóndor nos deja varios aprendizajes. (i) Los servicios de inteligencia fueron fundamentales para la ejecución del plan criminal. Estas estructuras suelen ser las más difíciles de investigar en procesos de justicia transicional. También suelen persistir en sus prácticas una vez recuperada la democracia. (ii) Los archivos estatales y el material clasificado son fundamentales para entender la lógica de la represión estatal. Acceder a ellos solo es posible mediante la decisión de gobiernos que asuman el costo de hacerlo, sobre todo en contextos en donde la inteligencia empieza a ser nuevamente protagonista en el destino político y judicial de muchos líderes. (iii) La trayectoria de los países de América Latina está más enlazada de lo que se suele admitir. Hay doctrinas y prácticas que se van aplicando globalmente sin que sean percibidas. ¿Dónde se educan a los militares y a los jueces? ¿En qué foros participan los líderes políticos de la región? ¿A qué escuela económica pertenecen los ministros y banqueros? ¿Dónde se adquieren las armas y la tecnología con la que son “protegidos” y espiados a la vez los ciudadanos? ¿Es real su libertad?