Caminar hacia la paz implica avanzar en términos de igualdad

Mónica Andrea Avella Herrera

Miembro del Centro de Estudios Integrales en Derecho (CEID)

Miembro del Polo de Desarrollo de la Sorbonne para las Naciones Unidas (SONU)

Practicante en Shearman & Sterling – Paris

Ante la ausencia y precariedad histórica de paz, ocasionada en gran medida por una brecha de desigualdad casi cínica y descarada, hemos buscado y privilegiado en los acuerdos con las Farc este derecho y bien humano capital en aras de avanzar en dirección al desarrollo. ¿Pero qué podemos entender por desarrollo? Según Amartya Sen, consiste en el proceso de expansión de libertades de manera igual para todos. (Sen, Introducción: El desarrollo como libertad, 2000, 3). De acuerdo con esta perspectiva, la búsqueda y la culminación de la igualdad mujer-hombre es un objetivo en sí mismo para el desarrollo.

En este orden de ideas, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de sexos es uno de los objetivos del desarrollo, tal como se enuncia en numeral 5º de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo (ONU, 2016). Este objetivo también se evidencia en la adopción y ratificación generalizada de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación con Respecto a las Mujeres (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979.

Adicionalmente, podemos considerar el empoderamiento de las mujeres como una herramienta necesaria para lograr la igualdad de género en los países en desarrollo. Según la perspectiva de Alkire, el empoderamiento se define como “la capacidad de un grupo o un individuo para tomar decisiones efectivas, es decir, tomar decisiones y luego transformar esas elecciones en acciones y resultados deseados” (Ibrahim y Alkire, Agency And Empowerment 2007). Por lo tanto, el empoderamiento, concebido con los componentes considerados por el profesor Alkire corresponde a la capacidad de actuar y al entorno institucional adecuado para poder hacerlo. Así pues, solo a través de estos dos elementos es posible dar a las mujeres las herramientas que necesitan para reclamar su posición como personas iguales.

Por otro lado, aún hay muchos desafíos en la consecución de la real igualdad mujer–hombre. Por ejemplo, la participación de la mujer en el ámbito económico es aún muy precaria a nivel global, particularmente en los países en vía de desarrollo y en los menos avanzados. Tanto en la economía doméstica como en la economía nacional de los países, bien sea esta rural o urbana, el rol de la mujer no es considerado determinante. 

“La propiedad de la tierra y del capital en los países en vía de desarrollo ha tendido a ser muy parcial hacia los miembros de la familia hombres. Por lo tanto, generalmente es mucho más difícil para una mujer crear una empresa o negocio comercial, incluso de un tamaño muy modesto, dada la falta de recursos colaterales. Y, sin embargo, hay mucha evidencia de que cada vez que el entorno social se aleja de la práctica habitual de la propiedad masculina, las mujeres pueden aprovechar las iniciativas comerciales y económicas con gran éxito”. (Sen, Devéloppement As Freedom 1999, 200). Entonces, es necesario poner en evidencia que la ausencia de la disposición de recursos primarios como la tierra y los insumos para su cultivo en manos de las mujeres, sumado a una débil institucionalidad en procura de su empoderamiento, se traduce en la imposibilidad de actuar y transformar su entorno y, por ende, en su incapacidad de cambiar su condición.

No obstante, al menos en términos jurídicos y en el marco de posconflicto colombiano, podemos tener la certeza de estar avanzando con firmeza en el empoderamiento de la mujer rural colombiana. Así pues, el Acuerdo de Paz del 24 de noviembre del 2016 entre el Gobierno Nacional y las Farc en su numeral 1º, Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral expone con vehemencia en lo que respecta al acceso y uso de tierras improductivas y la formalización de la propiedad que: “los beneficiarios y las beneficiarias del plan de adjudicación gratuita y del subsidio integral y el crédito especial, serán trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a la población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada”.

En sincronía perfecta con lo previamente enunciado, dos decretos de gran envergadura son expedidos en el 2017, a saber: el Decreto 893 del 2017 y el Decreto 902 del 2017.

El primero de ellos versa sobre la creación de programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), cuyo objetivo es el desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, implementando inversiones públicas progresivas, concertadas con las comunidades, con el fin de lograr la convergencia entre la calidad de vida rural y urbana, y fortalecer los encadenamientos entre la ciudad y el campo. También busca el reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades, incluyendo a las organizaciones de mujeres rurales, para que sean actores de primera línea de la transformación estructural del campo, y finalmente establece con firmeza que el Plan Nacional de Desarrollo acogerá las prioridades y metas de los PDET, lo que busca blindarlos con una cierta garantía de continuidad en el tiempo para culminar satisfactoriamente su objetivo.

A su turno, el Decreto 902 del 2017 determina que son sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito los campesinos y trabajadores, priorizando a la población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada, que cumplan concurrentemente determinados requisitos, como por ejemplo: no poseer un patrimonio neto que supere los 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de participar en el programa de acceso a tierras. 

Así pues, podemos concluir que jurídicamente hemos avanzado en este desafío titánico que emplea la igualdad, el rol de la mujer y la búsqueda del desarrollo como palabras claves y colores primarios para pintar una Colombia diferente. No obstante, este es un pequeño paso, entre centenares que debemos dar juntos para cambiar nuestra realidad, y es nuestro deber actuar, participar y hacer veeduría en este proceso. No podemos ser pusilánimes o poco exigentes ante los cambios que representan nuestro reconocimiento como humanamente iguales y, por ende, como merecedoras de la misma dignidad y de las mismas libertades. ¡Recordemos que estamos juntos construyendo paz!