Otra vez la supercorte

Catalina Botero Marino

Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los DD HH

@cboteromarino

En una columna anterior (abril del 2017) señalé las razones por las cuales creo que la propuesta de crear una única corte no está soportada en razones claras ni suficientes. Sostuve que concentrar todas las funciones de las altas cortes en una sola, no solo no resuelve los problemas de la justicia, sino que es altamente inconveniente. Indiqué que es indispensable afrontar la ineficiencia, la incertidumbre y la corrupción con medidas más adecuadas, comenzando por no incluir en las ternas a quienes han generado los más graves escándalos como el señor Jorge Pretelt.

Dado que se repite la propuesta, me detengo de nuevo en el tema. No es menor lo que está en juego.

Se han esgrimido dos razones para sustentar la eventual reforma: abaratar los costos y resolver el “choque de trenes”. El argumento presupuestal supone que se trataría de una corte con un número reducido de magistrados. El argumento referido al “choque de trenes” supone que las sentencias de última instancia o no tendrían control de constitucionalidad o no se realizaría por un órgano especializado, sino por la misma corte en pleno. Se ha dicho que sería una corte integrada por salas especializadas. Esto permite pensar que se trataría de un modelo como el de la Constitución de 1886, más similar al modelo constitucional venezolano que al norteamericano.

Muchas preguntas subsisten. Entre ellas: ¿Cuántas salas y magistrados estarían a cargo de resolver los varios miles de procesos que tramitan al año las altas cortes? ¿Qué pasaría con los asuntos que se resuelven al pleno de cada corporación? ¿Cómo serían elegidos los magistrados? ¿Intervendría el Ejecutivo en dicha elección? ¿Cómo se efectuaría el control de las decisiones judiciales? ¿Qué pasaría con la acción de tutela? ¿Existe un estudio serio que ofrezca datos suficientes para impulsar una reforma de semejante magnitud?

Por ahora me limito a comentar los dos argumentos esgrimidos.

En cuanto a los costos, la propuesta se asimila a la reforma que fusionó los ministerios de Justicia y de Gobierno y que por su inconveniencia tuvo que ser revertida.

El gasto en justicia en Colombia está catalogado como un gasto medio, con un porcentaje del PIB similar al porcentaje que se invierte en Argentina, Paraguay o EE UU. No hay pues un gasto desmesurado y, en general, la carga de trabajo de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional es alta en términos comparados. ¿Pueden menos personas resolver más eficientemente esta carga? ¿Hay razones suficientes para sostener que esta reforma no generaría una mayor congestión?

Sobre el llamado choque de trenes he escrito en oportunidades anteriores. No es un problema exótico del modelo colombiano. Ni siquiera la expresión es original. Se trata de un conflicto que se ha presentado en modelos similares, como el alemán, el italiano o el español. Incluso en EE UU se han presentado graves enfrentamientos entre las cortes estatales y federales, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia. La única manera de erradicar de raíz este conflicto es eliminar el control de constitucionalidad de las sentencias ordinarias de última instancia a cargo de un tribunal especializado. Sin embargo, la doctrina constitucional comparada coincide en sostener que esta decisión es más costosa para la supremacía constitucional y la seguridad jurídica que los eventuales conflictos entre las cortes. Estos últimos se deben resolver con ajustes procesales como los que poco a poco se han venido implementando en Colombia.

Los serios problemas de acceso, eficacia y consistencia de la justicia se pueden afrontar con reformas que no pasan por cambiar toda la arquitectura institucional. Sin un diagnóstico claro y robusto, este cambio sería un verdadero salto al vacío que podría sacrificar algunos de los más importantes logros de la Constitución de 1991.