La Corte Suprema de Justicia señaló que la acción de tutela no es la vía idónea para cuestionar las decisiones tomadas por los operadores judiciales que se soportan en análisis ponderados y razonables de las normas que regulan el asunto sometido a su conocimiento. La corporación reconoció que existen dos posiciones jurisprudenciales justificadas para asignar la competencia de los procesos en que se hace parte una entidad estatal que presta servicios públicos a la jurisdicción ordinaria o a la contencioso administrativa. Sin embargo, advirtió que el juez constitucional no puede descalificar la gestión del juzgador, ni imponerle una determinada hermenéutica, máxime si la que asume el operador no es irrazonable (M.P. William Namén Vargas).