A través de un decreto reglamentario del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098/06), el Gobierno definió hoy las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado en la prevención de la comisión de infracciones a la normativa penal por parte de menores y las responsabilidades de los padres o personas que tienen a su cargo el cuidado de quienes han cometido delitos. La familia debe formar y orientar a los menores en el ejercicio responsable de sus derechos, en la asunción de sus deberes como ciudadanos y en el respeto de las leyes, señala la norma. En todo procedimiento, las autoridades administrativas y judiciales deberán garantizarles a los menores el debido proceso y adelantar todas las actuaciones en beneficio del interés superior y evitar su victimización. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la diligencia de amonestación señalada en la reglamentación dará lugar a la imposición de multa hasta por valor de 100 salarios mínimos diarios legales vigentes, concluye el decreto.