Si en los acuerdos de pago celebrados con los usuarios de servicios públicos no se hacen parte los propietarios, poseedores de los inmuebles o el suscriptor, cuando es diferente al usuario, estos no serán deudores solidarios por el valor que se adeuda, ya que el acuerdo es un contrato distinto al de servicios públicos, donde la solidaridad no tiene fuente legal y debe ser declarada expresamente. En esa medida, debe ser aceptada y pactada por todos los eventuales deudores solidarios, precisó la Superintendencia de Servicios Públicos. Si el usuario incumple, la empresa puede proceder a la ejecución de la obligación derivada del acuerdo, pero esta situación no le da lugar a la suspensión del servicio, siempre que el usuario esté cumpliendo con el pago oportuno de las facturas generadas con posterioridad al mismo. Una vez suscrito el acuerdo, las deudas pasan del régimen de los servicios públicos al del derecho civil.