El Estatuto de Protección al Consumidor no es una norma encaminada a sustituir las relaciones jurídicas propias derivadas de la ejecución de las obligaciones contenidas en los códigos Civil y de Comercio, sino que su único objetivo es brindar especial protección a los consumidores en atención a la desigualdad que se evidencia en la relación jurídico sustancial con los productores y/o proveedores, por la posición dominante que estos últimos ostentan. En el caso analizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, el objeto del litigio giró en torno a la promoción de la actividad económica del demandante y publicitar productos y servicios de asesorías contables y tributarias, es decir, se evidenció la inexistencia de la calidad de consumidor y más bien ligado al desarrollo de su actividad comercial.