Aunque el Estado colombiano reconoció, en 1995, su responsabilidad en la masacre de Trujillo, no puede entenderse materializada la reparación simbólica con un discurso político, sino que es necesario el despliegue de actividades y la disposición de recursos públicos para transmitirles a las víctimas que el Estado no solo asume responsabilidad sino que busca acompañarlas en su proceso de reparación, advirtió la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cali (Valle). Con este argumento, el tribunal, además de declarar que la víctima adquirió el derecho de dominio por prescripción adquisitiva y señalar fecha y hora para la entrega material de un predio, le ordenó al Centro de Memoria Histórica que informe sobre los avances en la gestiones para una reparación simbólica en el municipio de Trujillo.