Aunque en el caso se demostró que la víctima compró una extensión de terreno de 1.000 hectáreas por $ 3 millones en 1991, que un año después vendió 500 hectáreas y que luego el Incora adjudicó una parte perteneciente a un resguardo indígena, un juez de restitución de tierras determinó que el predio objeto de solicitud de restitución no contaba con antecedentes registrales, por lo tanto concluyó que se trataba de un bien baldío. Según la sentencia, se probaron los presupuestos para la adjudicación de baldíos, a pesar de que el Incora lo había negado al considerar que el terreno hacía parte de un resguardo. En la indagación cartográfica, en cambio, el juez determinó que colindaba con el resguardo y no hacía parte de él.