Así lo expresó la viceprocuradura Martha Isabel Castañeda Curvelo, al defender su tesis según la cual los homosexuales no tienen reconocido el derecho a celebrar matrimonios. La amenaza, dice, recae sobre jueces y notarios, que se verían obligados a promover la tergiversación o incluso eliminación del concepto de la familia y del matrimonio mismo. Según ella, son los defensores de estas dos instituciones y podrían verse amenazados y perseguidos en el futuro. Aclaró que las actuaciones de la Procuraduría no representan ningún deseo de atacar a la comunidad LGBTI, pues solo es una diferencia jurídica. Frente a la falta de acción del Congreso para suplir el déficit de derechos para las parejas del mismo sexo, recalcó que a la Corte Constitucional le está vedado suplir la omisión legislativa absoluta y aclaró que es el Congreso el escenario propicio para procurar que la comunidad LGBTI tenga derecho al matrimonio; en 21 de los 23 países donde se ha reconocido, dijo, ha sido el Legislativo el que ha tenido la palabra, y solo México y EE UU lo han hecho a través de jurisprudencia.