La Procuraduría defendió las limitaciones para la embargabilidad de recursos estatales municipales contenidas en el artículo 45 de la Ley 1551 del 2012, al solicitarle a la Corte Constitucional que declare exequible la norma. Frente a la prohibición para decretar medidas cautelares sobre recursos del sistema general de participaciones; regalías o rentas propias de destinación específica para el gasto social, precisó que no es razonable anteponer intereses de los acreedores particulares a los de niños, enfermos, ciudadanos en condición de discapacidad y otro tipo de personas merecedoras a especial protección constitucional; de ahí que sea razonable la restricción. De la misma manera, consideró como ajustados a la Constitución los condicionamientos que la misma norma establece para la procedencia del embargo a recursos municipales, como aquel que establece que es viable la medida cautelar a partir de la ejecutoriedad de una sentencia ejecutiva, cuando se trate de dineros correspondientes a recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan los particulares, entre otros de similar descripción. El magistrado ponente en este proceso es Alexei Julio.