La Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que se declare inhibida de examinar la demanda contra los artículos de la Ley de Modernización Municipal que establecen la inembargabilidad de recursos estatales y fijan el papel de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en procesos judiciales contra estos entes territoriales (artículos 45 y 46 de la Ley 1551 del 2012). También solicitó estarse a lo resuelto en el expediente D-9493, en el que también le pidió a la corporación abstenerse de examinar de fondo la disposición que, dicho sea de paso, fue declarada exequible (artículo 47). Según el concepto, el actor expone apreciaciones subjetivas de la actividad legislativa para sustentar la supuesta vulneración de principios de unidad de materia, consecutividad e identidad flexible en estas normas, sin referirse a una realidad jurídica que amerite adelantar el control de constitucionalidad.