Aunque la ley no prevé un término específico para modificar las medidas de restablecimiento de derechos que se adoptaron en el marco de un proceso administrativo de restablecimiento, si luego del respectivo seguimiento se da la necesidad de modificar alguna medida, según el caso, corresponde a la autoridad administrativa proferir la decisión en el menor tiempo posible, con el fin de restablecer de manera efectiva los derechos del menor. En concepto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la permanencia en los servicios de protección de manera indeterminada hace que el sujeto quede en un limbo jurídico, es decir, que no permanezca con su familia biológica ni tenga la opción de ser adoptado.