Los servicios públicos domiciliarios y los cargos que se facturen en virtud de su prestación deben ser asumidos por quien figure como responsable en el contrato de arrendamiento, teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 3º del artículo 9º de la Ley 820 del 2003, según el cual la obligación de pagos por parte del arrendatario se rige por lo que se haya pactado en el contrato, precisó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Las cláusulas que se pacten en los contratos de arrendamiento obligan a quienes los suscriban y, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, las partes pueden decidir libremente qué obligaciones recaen en el arrendador y cuáles en el arrendatario, entre ellas, las que resulten del contrato de condiciones uniformes.