La Procuraduría General de la Nación reveló en un informe de vigilancia al programa de adopción, elaborado con base en visitas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las cinco instituciones autorizadas para desarrollar el programa (IAPAS), que el ICBF no ha asumido directamente el seguimiento “posadopción” de las familias residentes en Colombia, pues tal actividad se delega a sicólogos particulares, contratados por los padres adoptantes.

Para el Ministerio Público, esta situación desdibuja la especial atribución de control del instituto, que es el único a quien le corresponde esa tarea.

Además, señaló que la omisión en la función de supervisión arroja un balance desfavorable en relación con algunas de las IAPAS. “Por ejemplo en la Asociación de Amigos del Niño ‘Ayúdame’ se conoció que no reportaba vinculación de profesional en pedagogía y que las condiciones locativas no eran adecuadas por falta de mantenimiento y los reducidos espacios”, advierte el informe.

La Procuraduría reiteró que la adopción es un servicio público de bienestar familiar, y una medida de protección para el niño, no un derecho de los padres o de terceros.

“El proceso de adopciones debe ser tratado con suma responsabilidad por parte de los defensores de familia, quienes deben ser en extremo cuidadosos cuando esta medida de protección se torne obligatoria y no exista otra alternativa para mantener a los menores de edad junto a su familia”, agregó la entidad.

De otro lado, explicó que el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, a cargo de los defensores de familia, debe adelantarse con todas las garantías, evitando omisiones o imprecisiones.

Finalmente, indicó que la procuraduría delegada dará traslado a la instancia disciplinaria para que se evalúen las presuntas irregularidades de carácter administrativo en el programa de adopción.