Corte cuestiona estrategia de la ANT por interrumpir procesos de prescripción adelantados por campesinos

Una acción de tutela motivó a que la Corte Constitucional ordenara a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) dar inicio a la ruta prioritaria destinada a lograr la normalización de los bienes sobre los cuales las autoridades de registro o agrarias manifiestan la posibilidad de ser baldíos en los estrictos términos del Auto 040 del 2017.

Debe recordarse que en esa decisión el alto tribunal adoptó unos términos destinados a superar la problemática causada por la institucionalidad agraria y de registro, la cual, empleando el argumento de estar en presencia de bienes “presuntamente baldíos”, estaba difiriendo indefinidamente el derecho de la población campesina a acceder al territorio al solicitar por tiempo indefinido la suspensión o la revocatoria de procesos judiciales en los cuales se pedía la usucapión de un bien. (Lea: Conozca la nueva ruta prioritaria para normalizar bienes presuntamente baldíos)

En consecuencia, conminó a la ANT para iniciar el proceso de clarificación respecto del bien sobre el cual se alega dicha naturaleza en un término de 20 días, que deberá ser tramitado en el plazo máximo e improrrogable de 18 meses, de tal forma que, de llegar a determinarse que definitivamente es baldío, proceda a garantizar su inmediata adjudicación, siempre y cuando se demuestre que el ocupante es un sujeto de reforma agraria y además cumple con las condiciones para dicha actuación.

El anterior mandato fue proferido por la corporación luego de cuestionar la postura institucional del Incoder y de la ANT, a través de la cual han pretendido interrumpir los procesos de prescripción que se adelantan a nivel nacional.

Para la Corte, aunque esta estrategia de defensa es válida y jurídicamente respaldada, puede llevar a afectar los derechos de la población agraria en este país, más aun si se tiene en cuenta que solo hasta el año 2025 será posible lograr la clarificación de las tierras de la Nación. (Lea: Conozca los argumentos de la Corte Constitucional para asumir competencia en tutela que ordena recuperación de baldíos)

Precisamente, advirtió que diferir la titularidad jurídica de los bienes que pretenden ser adquiridos por campesinos de escasos recursos hasta esa fecha es particularmente gravoso, si se tiene en cuenta que la institucionalidad agraria conoce perfectamente que para los prescribientes es casi imposible identificar si existe título originario, ya que dichos documentos, de existir, pueden estar archivados en las cerca de 18.924 cajas que se encuentran en el archivo de la ANT con inventario en estado natural o en las 10.776 cajas se encuentran solo con proceso de organización (M. P. Iván Humberto Escrucería).

Corte Constitucional, Sentencia T-407, 06/27/2017

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