La Sala Civil de la Corte Suprema confirmó la sanción de multa equivalente a un salario mínimo mensual impuesta a un abogado que no devolvió un expediente argumentando una incapacidad laboral. En su opinión, este hecho para nada justificaba retener el proceso, pues si la remisión no es cuestión que deba hacerse personalmente, el hecho podía cumplirse por conducto de cualquier persona responsable. Para el alto tribunal, la “justificación debe ser de una entidad tal que pueda calificarse como hecho grave que se haya impedido al apoderado el cumplimiento del término o el ejercicio de una actividad procesal a que estaba compelido” (M. P. Luis Armando Tolosa Villabona).