Para que el daño adquiera una dimensión jurídicamente relevante y pueda predicarse su antijuridicidad en demandas contra la Nación, según una sentencia reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, es menester que recaiga sobre un interés tutelado por el derecho; que no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional; que justifique y legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado y, finalmente,  que no haya sido causado ni determinado por un error de conducta de la propia víctima (C. P. Jaime Enrique Rodríguez).