El deber de democratización dentro de los procesos de privatización de la participación accionaria estatal es una medida orientada a facilitar el acceso real a la propiedad pública en condiciones de equidad por parte de quienes “no podrían obtenerla en el marco de una estricta competencia financiera”. Lo anterior implica un derecho preferencial en cabeza de organizaciones solidarias y/o de trabajadores: son los primeros a quienes se les ofrece el capital social por enajenar bajo “condiciones especiales que muevan su voluntad y faciliten la negociación”; es decir, que tengan por objeto materializar su incorporación en el manejo y dominio de la unidad privatizada (C. P. Jorge Octavio Ramírez).