Reforma a la educación superior que llegará al Congreso autorizaría a las instituciones para organizarse como sociedades y repartir dividendos (10:20 a.m.)

Tras cuatro meses de discusiones sobre el anteproyecto de reforma a la Ley General de Educación (Ley 30/92), el Gobierno le presentó el viernes a la comunidad académica el texto del proyecto que radicará próximamente al Congreso. La iniciativa, de 172 artículos, busca garantizar la calidad y la continuidad del servicio educativo, fomentar el acceso y la graduación de los estudiantes y asegurar la autonomía de las instituciones de educación superior (IES). Las IES privadas podrán organizarse como corporaciones, fundaciones o sociedades por acciones. Estas últimas podrán recibir nuevos inversionistas, repartir dividendos y vender acciones. Su inspección y vigilancia la ejercerán el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Sociedades. En materia tributaria, se propone que las personas naturales y jurídicas que financien estudios de sus trabajadores en IES puedan deducir esa inversión de sus costos operativos. Así mismo, el Ministerio de Hacienda diseñará instrumentos para que un porcentaje de la renta gravable de las IES con ánimo de lucro se destine a fondos de financiación para el mejoramiento de la calidad de la educación superior pública y becas y créditos administrados por el Icetex. Uno de los documentos entregados hace un comparativo entre la reforma inicial y la presentada el viernes.