Tras asegurar que las entidades territoriales enfrentan dificultades de orden técnico, administrativo y fiscal que les impiden desempeñar eficientemente la función de celebrar contratos para el aseguramiento del régimen subsidiado, el Gobierno dispuso ayer, bajo el estado de emergencia social, la creación de un patrimonio autónomo que recaudará los recursos de ese régimen y su administrador fiduciario los girará directamente a las entidades promotoras de salud del régimen subsidiado (EPS-S) o a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) públicas o privadas, de acuerdo con la reglamentación respectiva. El Decreto 132 del 2010 derogó la expresión “celebrar contratos para el aseguramiento en el régimen subsidiado de la población pobre y vulnerable”, prevista en la ley de transferencias territoriales (Ley 715/01). Los departamentos, distritos y municipios efectuarán el seguimiento y el control del aseguramiento de los afiliados al sistema de salud, dentro de su jurisdicción, y las EPS les garantizarán a los afiliados al régimen subsidiado la prestación de manera directa o indirecta de los servicios contenidos en el POS, agrega el Decreto 132 del 2010.