Una providencia reciente de la Sección Segunda del Consejo de Estado enfatiza que el ordenamiento jurídico ha previsto no solo la prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios para llevar a cabo funciones propias previstas en la ley o en los reglamentos para un empleo público, sino que también sanciona al servidor que realice dicha contratación por fuera de los fines contemplados en el Estatuto de Contratación Estatal. Encuentre la aplicación de esta tesis jurisprudencial en la resolución del caso concreto objeto de estudio (C. P. César Palomino).