En el contexto de la derogatoria de actos administrativos generales, para el Consejo de Estado, esta figura jurídica surte efectos hacia el futuro y, por lo tanto, no puede restablecer, per se, el ordenamiento jurídico eventualmente quebrantado por la aplicación de la norma derogada, sino que simplemente termina su vigencia, sin afectar la presunción de legalidad connatural al acto administrativo y que solo se pierde por la declaratoria judicial de nulidad. Ello en el marco de un juicio de validez que examine las circunstancias de hecho y de derecho vigentes al momento en que dicho acto se expidió. Encuentre la aplicación de esta precisión jurisprudencial en la resolución del caso concreto objeto de estudio (C. P. Stella Carvajal).