Una providencia reciente del Consejo de Estado concluye que las procuradurías provinciales tienen competencia para conducir los procesos disciplinarios que hayan de seguirse contra los concejales. Lo anterior, en palabras de la Sala, no se opone a la Carta Política, sino que la desarrolla. Además, existe concordancia entre esta regla y la consagrada en el literal g) del artículo 68 de la Ley 201 de 1995. Encuentre el desarrollo de esta tesis jurisprudencial en el documento adjunto a esta nota (C. P. William Hernández Gómez).