La jurisprudencia del Consejo de Estado en torno a la capacidad de las contralorías territoriales tanto para ser parte como para actuar en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción contencioso administrativa no ha sido unánime, ni uniforme, ni constante, sino que, por el contrario, se ha mostrado cambiante al amparo de diversas razones y deliberaciones, todas ellas resultantes de análisis razonables. Sin embargo, concluye un fallo reciente de la Sección Segunda, las distintas posiciones no difieren al reconocer la posibilidad de estas entidades públicas para comparecer a los procesos con el propósito de ejercer la defensa de sus actos y de sus intereses vía jurisdiccional (C. P. Gabriel Valbuena Hernández).