62 millones de pesos que habían sido incautados por la Fiscalía General de la Nación fueron sustraídos por una trabajadora de esa entidad, razón por la que el propietario del dinero acudió a la acción de reparación directa, reclamando el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Según la Sección Tercera del Consejo de Estado, estos hechos configuran una falla del servicio del ente acusador, pues incumplió con los protocolos de seguridad necesarios para la custodia de los títulos judiciales constituidos con los recursos incautados, circunstancia que, finalmente, favoreció el actuar delictivo de la persona encargada de su manejo. Por esa razón, le atribuyó responsabilidad a la institución demandada y, además, la condenó al pago de los perjuicios materiales efectivamente causados al demandante (C. P. María Adriana Marín).