En reciente informe, la Contraloría de Bogotá advirtió a la administración distrital sobre el incremento de la accidentalidad, debido a que 548 vehículos de transporte público de los 792 a los que se les ha ampliado su vida útil aún circulan por las vías de la ciudad, dejando en riesgo a los usuarios, ya sean estos peatones u ocupantes. Teniendo en cuenta el plazo máximo previsto por la Secretaría Distrital de Movilidad (30 de junio del 2012), mediante Resolución 125 del 2011, para la operación de los referidos vehículos, el ente de control otorgó un plazo de 10 días hábiles para recibir información sobre las medidas que se adoptarán frente a las observaciones planteadas sobre el riesgo de accidentalidad, así como la salida de funcionamiento.