Aunque la discriminación de los costos del contrato es una práctica útil y necesaria en el proceso de contratación, tanto para la entidad contratante como para el contratista, dicho procedimiento es independiente de la contabilidad o la determinación de la base gravable de los impuestos, que se rigen por las normas aplicables a cada operación. Por lo tanto, cuando en un contrato de obra se discrimine el AIU (administración, imprevistos y utilidades), para efectos contables y fiscales, el ingreso del constructor puede ser el valor total del contrato, dependiendo de la forma como se pacte. Así lo precisó el Ministerio de Hacienda, en concepto de julio.