El Consejo de Estado, recordando una línea jurisprudencial, manifestó que en los eventos de perjuicios morales reclamados en relación con una persona que fue privada de la libertad injustamente y este perIodo fuera superior a tres meses e inferior a seis, para la persona que sufrió la restricción a su derecho fundamental corresponderá una indemnización por daño moral equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (C. P. Ramiro Pazos).