Con el propósito de contratar inmediatamente los esquemas de protección de personas en riesgo extremo como consecuencia de las actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias que realizan, el Ministerio del Interior y de Justicia, ante el cercano vencimiento del contrato vigente y el tiempo que requiere una nueva empresa para el montaje logístico de tales esquemas, acaba de declarar la urgencia manifiesta. De esta forma, el Gobierno pretende garantizar la continuidad de la prestación de ese servicio de seguridad, enmarcado en la Ley de Orden Público (Ley 418/97) y su nueva reglamentación (Decreto 1740/10).